Uruguay: Situación en La Paloma
(Publicado en el semanario Voces, 19/4/12)
Puerto de La Paloma
OTRA VEZ EN DISPUTA EL DESTINO
El gobierno sigue adelante con su proyecto de puerto multimodal en La Paloma, a pesar de la oposición de los vecinos de la localidad e incluso del requisito, acompañado por el fiscal Viana, de realizar el estudio de impacto ambiental previsto en las normas vigentes. En marzo último, los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y de Turismo y la Intendencia de Rocha anunciaron su decisión de habilitación del puerto de La Paloma para convertirlo en una terminal de carga multimodal que, en primera instancia, sería destinada al traslado de troncos de madera para la planta de UPM en Fray Bentos. Por el acuerdo, serían 250.000 toneladas anuales, lo que correspondería a un barco por semana.
El anuncio desató una reacción inmediata de los vecinos de la localidad que a través de sendas asambleas calificaron la decisión oficial de "autoritarismo y soberbia" por desconocer los numerosos pronunciamientos de rechazo de la población a dicho emprendimiento e ignorar, en consecuencia, los derechos humanos "relativos a la libre expresión y a la autodeterminación de los pueblos en cuanto a su forma y calidad de vida".
La Paloma es el principal centro turístico de la costa atlántica, sus características de ciudad pequeña, a escala humana, la transforman en un destino preferencial del turismo de playa, salud, naturaleza y cultura. La Unión de Vecinos de La Paloma, que viene trabajando en el proyecto Nautilo, para mantener las cualidades esenciales de la forma de vida e identidad del lugar, lo considera amenazado por la operación del puerto maderero.
Desde el gobierno se manejan alternativas a la circulación de camiones, pero no solo esto preocupa a los vecinos. "El problema - dicen- es el conjunto de cambios y daños sociales, ambientales y económicos que genera la propia instalación de un puerto maderero" y por ello reclaman que se haga un estudio como exige el Decreto 349/005 que reglamentó las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales.
En este contexto, el Fiscal Enrique Viana acaba de presentarse a la Justicia para que se intime a los ministerios involucrados para que "procedan a cumplir con la realización del procedimiento de evaluación previa de impactos ambientales y con la realización también previa de un ordenamiento ambiental del territorio implicado", bajo apercibimiento de la promoción en su contra de los procesos judiciales pertinentes.
El MTOP no responde a este reclamo y va más lejos. En una presentación de los objetivos estratégicos y prioridades de inversión para el período 2010-2015, el puerto maderero sería solo la primera fase de un proceso que, a mediano y largo plazo, tendería a la "concreción de un puerto de aguas profundas (más de 18 metros de profundidad), el que se plantea opere bajo modalidad PPP" (sic). Reaparece el puerto de aguas profundas.
En este preciso momento hay una comisión integrada por los ministerios de Economía y Finanzas, de Transporte, de Industria, Energía y Minería y de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente - donde resalta la ausencia del de Turismo - que debe definir, con un plazo que vence el 15 de mayo próximo, las opciones para ese puerto. Que sigan barajando La Paloma, quiere decir que todas las propuestas siguen en disputa.
Los otros proyectos de puerto de aguas profundas en esa comisión son la terminal portuaria propuesta por la empresa minera Aratirí y el puerto de la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones, que representa a un consorcio español, griego, belga y francés. Para el MTOP todos estos proyectos sirven al propósito de convertir al país en polo logístico para todo el Cono Sur, pero debe definir con quiénes y bajo qué condiciones.
La construcción de un puerto de estas características, ya no solo para La Paloma como para toda la costa atlántica, transformaría radicalmente las condiciones de vida, la economía, el medio ambiente y la cultura de las poblaciones de esa zona. Por ahora, las decisiones se restringen al Poder Ejecutivo y los grupos económicos interesados, sin contar con estudios de los impactos ni con los planes de futuro de las comunidades. V.L.B.