Uruguay: Solidaridad con la Jueza Mariana Mota

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

PALABRAS DE LA JUEZA MARIANA MOTA: 

Reenvío este correo que envié el viernes pasado a diversas personas del exterior vinculadas a la vigencia y respecto de los derechos humanos donde hago una exposición de lo que está pasando a partir de una entrevista concedida a Pagina 12 en Argentina adonde fui a un evento internacional organizado por el CELS y el ICTJ respecto a las investigaciones respecto al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.  

No sé si efectivamente están al tanto de todo el problema que tendenciosa y maliciosamente se ha formado para apartarme de las causas.  

Desde los diversos organismos en que ustedes participan saben fehacientemente de las dificultades enormes que se enfrenta las investigaciones judiciales y de cómo eso atenta contra una justicia efectiva. Haber marcado que en el Uruguay no hay una promoción de los derechos humanos como dije en la entrevista es solo una conclusión forzosa a la que se llega luego de afrontar los continuos escollos que uno vive a diario en el juzgado.  

Estos problemas en la investigación de cada causa se multiplican en mi caso por más de veinte, que son las causas que se tramitan en mi sede.
Es sabido que el proceso penal es lento y en este caso la investigación depende exclusivamente del juez, no puede derivarlo a que lo investigue la policía como corrientemente se hace respecto de otros temas que aborda un juzgado penal.
 

No funciona un equipo de investigación respecto de cada causa que ayude al juez en esta tarea.
No existe en el derecho uruguayo la figura del querellante, a lo sumo la parte denunciante hace la investigación pero eso depende de lo que pueda hacer, precisamente, cada denunciante o su abogado, no necesariamente conectado con la información que se haya recibido en otras causas y es sabido que estas investigaciones se nutren, muchas veces, de lo que se haya logrado de información en otras en trámite o ya realizadas.
 

El querellante tiene además facultades para recurrir las decisiones judiciales que le son desfavorables lo que no existe en Uruguay.
Tampoco existe Departamento de apoyo a las víctimas y testigos y muchos saben lo difícil que es exponer las terribles situaciones que se denuncian y la importancia del apoyo en estos momentos e incluso antes para decidirse a denunciar o luego para continuar en la investigación.
 

Esto que digo no tiene nada que ver con valoraciones políticas ni menos aun con política partidaria. Más allá que todo el tema es político, categorizar esto como político partidario es vedar a un juez que exprese lo que ve en su trabajo diario, trabajo en el que no tengo el más mínimo apoyo institucional ni de los demás poderes del estado.  

Quiero indudablemente continuar con el trabajo que desarrollo y señalar las falencias solo pretende intentar sensibilizar y visibilizar la situación. 

Agradezco lo que puedan difundir de la verdadera motivación de lo que, deliberadamente y con intenciones - esas si políticas- intentan atribuirme para apartarme del trabajo que realizo y que, como todo trabajo es perfectible y mejorable pero nunca por esta vía de desacreditar a quien algo hace.

Mariana Mota
 

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Estimados: 

Les escribo desde Uruguay para ponerles al tanto de lo que está pasando en estos días. A partir de una entrevista en prensa escrita que se publicara en el periódico Argentino "Pagina 12" y que la pueden bajar en el sitio que está escrito más abajo, se ha generado una tergiversación de los dichos posicionándome deliberadamente en contra del gobierno y además como realizando manifestaciones políticas y cuestionando mi imparcialidad.
Un semanario que desde hace un año ha estado hostigándome en el desarrollo de las causas que por derechos humanos llevo adelante en el juzgado, más de veinte, tituló que yo elogiaba la posición de la presidenta argentina y que cuestionaba la actitud del gobierno uruguayo y que a Mujica lo condicionaba su pasado.
Esto no dice la entrevista pero sí este semanario que maliciosamente manipuló la información. Otro diario, dos días después, dijo que yo había realizado "resonantes declaraciones políticas.".
A partir de esto, la Suprema Corte de Justicia me pidió informes en forma equívoca, enviándome la impresión de la entrevista de Pagina 12 y pidiéndome que me expresara por el artículo editado en el semanario.
Ante ello, no siendo claro lo que solicitaba la Corte, les expresé que estaba dispuesta a aclarar las preguntas que me hicieren pero que no podía expresarme sobre el artículo del semanario que además no se adjuntaba.
Al día siguiente, el presidente de la república, Mujica, reclama que la Suprema Corte de Justicia adopte alguna medida ante lo que yo había dicho. Parece que le afectó que se lo comparara con Argentina aunque no dijo nada al respecto de lo que hace este gobierno y lo que hace el argentino.
Este malestar del presidente ha hecho que se generalice desde los que hace tiempo han reclamado mi apartamiento de las causas, que esto se efectivice.
Creo que se trata de una clara persecución a una forma de trabajo, que no tiene vinculación con partido político alguno pero que ha avanzado en investigaciones que pueden llevar al enjuiciamiento a numerosos militares que aún no han sido procesados en otras causas.
En la entrevista solo hablo desde lo que he trabajado en estos años y si reclamo una intervención del estado, es porque precisamente es muy difícil avanzar en las investigaciones cuando se ponen trabas por varias partes.
Lo que además reclamo es que se cumpla con la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos, en tanto que obliga al estado a investigar y eventualmente sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, lo que se pide es que exista formación de los operadores jurídicos, que se conforme un equipo de investigación, que las comisiones que están creadas trabajen coordinadamente y como apoyo al trabajo de las sedes, etc. etc., es decir, he expuesto las enormes dificultades del trabajo y la magnitud del mismo y se interpreta en forma deliberadamente tendenciosa, ubicándome como una juez que tiene intereses personales o falta de imparcialidad sembrando la duda en mi trabajo.
 

Desde otros lados de la prensa se ha reclamado abiertamente que me deben sacar de la materia penal cuestionando no solo lo que hago sino incluso resoluciones que he adoptado y que han sido confirmadas por los tribunales. 

Demás está decir que nunca me ha movido otra motivación que la investigación de estos tremendos hechos ocurridos muchos años atrás y que creo profundamente en la justicia, pero cada vez menos en este poder judicial. Creo que la justicia debe estar al servicio de las personas y en la búsqueda de la verdad y que no puede haber media justicia, o justicia tardía deliberadamente.

Ahora se inicia la semana de turismo, o semana santa, y en Uruguay son días feriados para el poder judicial.
Finalizada esta próxima semana se decidirá mi destino, que puede ser el cambio de materia, como una forma de apartarme de las causas o la destitución insinuada por uno de los ministros de la suprema corte de justicia.

Este correo pretende difundir lo que está pasando en este país que se resiste a aplicar derecho internacional, que cumple a regañadientes con una sentencia de condena y que no ayuda en nada a los jueces que nos hemos abocado, además del trabajo corriente del juzgado, a acercar la justicia a aquellas victimas que por años les fue vedada.

Pueden corroborar lo que expreso acá contactándose con Mirtha Guianze, fiscal que ha pasado ya por muchas agresiones y cuestionamientos de este tipo y que ahora todavía cuestionan su idoneidad para integrar el instituto de derechos humanos, próximo a ponerse en funcionamiento.

Gracias por lo que puedan difundir desde sus funciones para que esto se conozca.

PD: Adjunto si les interesa, los artículos publicados en el semanario a que se hace referencia en este correo.


Mariana Mota.


Página/12 

MARIANA MOTA, JUEZA QUE INVESTIGA LOS DELITOS DE LA DICTADURA

“El proceso penal uruguayo es lento”  

En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex dictador Juan María Bordaberry fue sentenciado a 30 años de prisión. La jueza critica al gobierno de su país por no hacer más por el esclarecimiento de los delitos del pasado.

 Por Adrián Pérez

“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie.”
Imagen: Sergio Goya

Las chimeneas humeantes transpiran el rezago industrial mientras un grupo de pescadores amarran sus barcos al muelle de La Boca. Paisaje portuario, mural de Benito Quinquela Martín, asoma detrás de Mariana Mota, en la planta principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “La última vez que me sacaron fotos fue en la audiencia de recusación –recuerda la jurista uruguaya–. No estoy acostumbrada a esto”, agrega ante el pedido del reportero gráfico para hacer un retrato. La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia como jueza penal de séptimo turno en Montevideo, donde investiga los delitos cometidos por la dictadura. El miércoles, al finalizar su participación en las jornadas “Hacer Justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, la abogada conversó con Página12 sobre el estado de los juicios, el rol de la mujer en la Justicia uruguaya y la persecución mediática que padeció en su país.

“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie. Fui gremialista estudiantil, que no es lo mismo que una vinculación política partidaria que no tuve”, argumenta Mota. En una entrevista reciente, el diario uruguayo El Observador le preguntó si era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de Uruguay (UJC). La mirada de la jueza atraviesa el ventanal del hall de la facultad. Profuso, el Río de la Plata corre más allá, tapado por el cemento de la urbe porteña. El primer expediente que tramitó tenía, como principal imputado, al presidente de facto Juan María Bordaberry. La querella lo acusó de atentar contra la Constitución y de cometer crímenes de lesa humanidad. En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex mandatario fue sentenciado a 30 años de prisión. En ese momento fueron hallados los primeros restos de desaparecidos: los del escribano Fernando Miranda fueron encontrados en el Batallón 13; el cuerpo del sindicalista Ubagesner Chávez Sosa apareció en una chacra de Pando en manos de la Fuerza Aérea. Ambos militaban en el Partido Comunista de Uruguay (PCU). En la causa por esos asesinatos, la magistrada cambió la calificación de homicidio, dictada por la jueza Graciela Gatti, su antecesora, por desaparición forzada de persona. Bordaberry murió el año pasado sin recibir sentencia en segunda instancia.

–¿Por qué la calificación de desaparición forzada, en la jurisprudencia uruguaya, tiene un alcance limitado?

–En Uruguay se consagró el delito de desaparición forzada en 2006 por la ley 18.026. Es un delito de ejecución permanente; se continúa cometiendo en el tiempo hasta que se determine el destino del detenido-desaparecido y aparezca el detenido o sus restos. En estos casos, dado el largo tiempo transcurrido, se trataría de la aparición de sus restos. Al continuar ejecutándose en el tiempo, luego del año 2006 corresponde que se aplique el régimen legal vigente, es decir, la Ley 18.026, y se califique como desaparición forzada. Otros juzgados y tribunales consideran –a mi juicio, erróneamente– que al regir en el inicio del delito otro régimen legal, que no tenía esta figura penal, no corresponde su aplicación.

Quienes defienden el terrorismo de Estado afirman que su país vivió una “dictablanda”.

–Además de los muertos, desaparecidos y presos políticos, toda la gente era controlada. Uruguay pasó a tener el nivel más alto de presos políticos per cápita de Latinoamérica. Con 7 mil detenidos, un 32 por ciento de los uruguayos estuvo en prisión en dictadura. Según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado. Los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas. De acuerdo con esa valoración, eran pasibles de destitución. Los despidos se sucedieron durante toda la dictadura, incrementando un elevado número de uruguayos exiliados.

–¿Qué recuerdos guarda de esos años?

–Cursé primaria y secundaria en dictadura. Recuerdo qué profesores habían sido echados. La gente podía enterarse de lo que estaba pasando en la realidad si tenía algún pariente preso o desaparecido. La censura era absoluta.

También quisieron recusarla por participar en la marcha del silencio, que se organiza cada 20 de mayo en Montevideo.

–Un periodista del semanario Búsqueda publicó que había hablado en la marcha con un abogado de causas por derechos humanos. Efectivamente estuve conversando con él como puedo hacerlo en el juzgado o con cualquier persona. No puedo tener prohibida la palabra con nadie. Como consecuencia de ello, la Suprema Corte me dio una copia del artículo, y me pidió que hiciera un informe en 24 horas.

–¿En qué causas intervenía usted en ese momento?

–En la investigación por el asesinato de Ubagesner Chávez Sosa, donde estaba condenado Bordaberry como co-autor y había dos militares procesados: Jose Araujo Umpiérrez y Enrique Ribero. Y estaba trabajando en la causa por la desaparición de Horacio Gelos Bonilla, obrero de la construcción que además era militante comunista. Los abogados pidieron que me apartara de esas causas.

–¿Bajo qué argumento pidieron eso?

–Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político.

¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?

–No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas.

–¿Cuáles son los avances en Uruguay sobre la participación civil en la dictadura?

–Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, fue sentenciado a veinte años de prisión por la desaparición y asesinato en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Es el único civil condenado (N. de R.: el Tribunal de Apelaciones confirmó esa sentencia el mes pasado).

–En 2005, un grupo de arqueólogos de la Universidad de la República excavó en una chacra de Pando, perteneciente a las fuerzas armadas, para buscar restos de desaparecidos. El documental Las manos en la tierra registra ese proceso.

–Ese trabajo rescata la voz de los arqueólogos, de los hijos de las víctimas y de la fiscal Guianze Rodríguez. El enfoque del arqueólogo López Mas es interesante: expresa que la tierra habla cuando están buscando a los desaparecidos. Aparece el testimonio de Macarena Gelman, quien todavía busca a su madre, y de Valentina Chávez, la hija de Ubagesner Chávez Sosa. Javier Miranda, hijo del escribano Fernando Miranda, señala cómo el hecho de recuperar los cuerpos repara, pero muy poquito, porque, en realidad, la destrucción es haberte quitado al familiar en vida. Y Guianze Rodríguez analiza lo difícil de la investigación cuando existe un pacto de silencio.

–¿Qué elementos rescata de los testimonios recogidos en las audiencias?

–Las relaciones antagónicas entre padres e hijos. El destrozo en la psiquis que quedó en cada sobreviviente, porque ésa fue deliberadamente la intención de los militares cuando no los mataban. El proceso penal uruguayo es lento. El declarar después de tantos años permite a las víctimas liberarse de una carga emocional muy grande.

Pagina12

 

Favor difundir

Compañeros:

No sé si están al tanto de la campaña desatada contra la jueza Mariana Mota, a raíz de declaraciones que hizo al diario Página 12, con motivo de su concurrencia a un Seminario organizado por el CELS en Buenos Aires, donde estaba invitada.

Esas declaraciones fueron "entresacadas" por Búsqueda de la semana anterior, El País se hizo eco y se sumó a la campaña mediática y la Suprema Corte de Justicia le solicitó informes en 72 hs., que ella ya contestó. No hay nada en esas declaraciones que pueda ser reprochable del punto de vista de la función, se le preguntó sobre el estado de los juicios en Uruguay, y queda claro cuáles son las condiciones en las que trabajamos acá , los recursos con que contamos y el sistema procesal.

Si un juez no puede decir eso, entonces hay que ponerle mordaza a todos.

Lo que hay detrás todos lo conocemos, Mariana es la juez que se ha tomado el tema de las graves violaciones a los derechos humanos en serio, con respeto y dedicación, es estudiosa y trabajadora, llega a resultados y eso molesta.

Lo grave es que hay un Ministro en especial, de la SCJ, que quiere su cabeza. Sacarla del Poder Judicial o al menos de ese cargo, donde lleva a adelante las investigaciones con eficacia.

Mariana está sola, hoy estuve escuchando la Tertulia de El Espectador y escuché cosas realmente alarmantes y muy tristes para la democracia uruguaya. Llego a la conclusión de que hay una gran hipocresía y que todo ese discurso de la libertad de expresión y de información es solamente para ciertos temas y ciertas cosas.

Les envío esta alerta porque pienso que debemos hacer algo, procurar que se oigan otras voces de apoyo, para preservar la independencia de la justicia y la posibilidad de seguir adelante con las investigaciones.

Los saluda

Mirtha Guianze

EL BOZAL SELECTIVO

La jueza Dra.Mariana Mota ha tenido que trabajar en estos años sobre las investigaciones de los crímenes de la dictadura cometidos desde el estado uruguayo.

La inmensa cantidad de causas entradas en los juzgados a fines del año pasado se sumaron a las que ya llevaban años de estar archivadas y vueltas a desarchivar por resolución del poder ejecutivo

La jueza, en su entender jurídico siguió y sigue adelante con las causas, pues en ellas se denuncian crímenes de lesa humanidad, es decir que, aplicó la imprescriptibilidad en las mismas y la imposibilidad de renunciar a su juzgamiento por parte del estado sobre esos crímenes que marcaron una sombría y temible década de calvarios para muchísimas familias uruguayas.

Familias que siguen buscando a sus seres queridos y que hoy tristemente se los va encontrando en fosas, escondidas por los militares y civiles cómplices.

Otras causas; se sumaron por torturas cometidas en los cuarteles y que sus víctimas removiendo el pasado doloroso pueden relatar hoy ante los estrados judiciales con garantías -a diferencia de aquellas décadas infames de libertad mutilada-.

Es decir en este caso concreto que nos atañe, la jueza Mota divide su tiempo en las causas "comunes" que llegan día a día a su juzgado y en las de Derechos Humanos que incluyen: tomar testimonios a los sobrevivientes, indagar a los responsables, solicitar documentos de la época al ministerio de defensa y a otros organismos del estado, todo esto con los pocos recursos que tiene el poder judicial, volviéndose así, juicios eternos en un proceso penal obsoleto.

Argentina

La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia como jueza penal de 7° turno de Montevideo, donde investiga los delitos cometidos por la dictadura (entre otras cosas).

El diario página 12 le realizó una entrevista que es de fácil acceso a los que manejan Internet.

En esa entrevista dice claramente que: “el proceso judicial uruguayo es lento”-

¿Acaso alguno tiene duda de esta verdad incontrastable?

Luego el periodista le hace mención a una situación que se dio el año pasado en la marcha del silencio y de cómo quisieron recusarla por hablar con un abogado, al cruzar la marcha por una esquina. Con lo cual la jueza tuvo como consecuencia de ello, que realizar un informe en 24 horas a pedido dela Suprema Corte de Justicia.

La jueza en los ojos del poder

La jueza Mariana Mota nuevamente en la mira dela SCJ, pero esta vez por mandato del poder ejecutivo a través del presidente Mujica.

–“El presidente José Mujica expresó a través del semanario Búsqueda, que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica.

Lo que llama la atención es que a tantos años parece ser que aún no aprendimos que algunos medios de prensa, no solo no se opusieron al golpe de estado sino que aplaudieron su paso. Antes para desestabilizar a los gobiernos y dar paso a los golpistas y hoy para sembrar conflictos o caos ciudadano.

En este caso, apoyarse en las líneas tergiversadas de un semanario para pedir que se ''tomen medidas'' contra la jueza Mota se podría calificar- humildemente- de falta de filtro político. A no ser… que se quiera esconder detrás de ese semanario para aprovechar a sacarla del medio.

El largo camino andado para quebrar el escudo de la impunidad; ha traído grandes sorpresas en la sociedad, que alberga en su seno a las organizaciones de Derechos Humanos entre ellas la más prestigiosa: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Un camino de intenso dolor acumulado, en todas las víctimas del terrorismo de estado que no están dispuestas a retroceder ni un paso más.

Hace pocos días todos miramos por cadena de radio y televisión al estado en la figura del presidente decir del cumplimiento del tema derechos humanos.

Y ahora vemos su marcada mirada sobre la jueza Mota, a través de la suprema corte de justicia
Esto nos deja nuevamente una pregunta que a simple vista se responde por sí sola
¿El poder judicial carece de independencia?

Estemos atentos para que luego de pasada la semana de turismo no tengamos que presenciar el traslado de la jueza Mota para otro lugar y de esa forma los juicios que están encaminados se paren por otro largo tiempo más.

POR VERDAD Y JUSTICIA

Martha Passeggi

Carta de la Jueza Mariana Mota

Bueno por lo que parece, los beneficiarios de la IMPUNIDAD, se están colando por la hendija de la división.

Se hace evidente que debemos trabajar más el tema de la SOLIDARIDAD ENTRE LOS QUE FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS, VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO; NOSOTROS Y LAS NUEVAS GENERACIONES.

PERO ES AHORA QUE DEBEMOS ASUMIR NUESTRAS RESPONSABILIDADES, EN EL LUGAR QUE NOS ENCONTREMOS Y EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES Y MÁS.

SIEMPRE Y CUANDO QUERAMOS EVITAR MAYORES MALES NUESTROS PARA ENGORDAR BENEFICIOS DE LOS OTROS, DE LOS QUE SE ESTÁN BENEFICIANDO CON LA IMPUNIDAD Y SUS LACAYOS!!!

¡¡¡ PATRIA O... MUERTE!!!

Washington

- postaporteñ@ 746 - 2012-04-08


Postaporteñ@

 

http://img16.imageshack.us/img16/9969/35440939.jpg
Carta de la Jueza Mariana Mota a Emiliano Cotelo de "El Espectador" (la carta circula profusamente en la Red después de los virulentos y lacayunos ataques llevados adelante por "invitados" de derecha e izquierda y hasta por Mauricio Rosencof) . Esto sí que es un linchamiento, una patoteada a partir de que Mujica "llamó al orden" a la Suprema Corte.
Están entregando a la Jueza Mota como moneda de cambio para los acuerdos con la derecha, y como "compensación" a los milicos por el "perdón" del estado.
Carta de la Jueza Mariana Mota que está circulando en la Red
Director de “En Perspectiva”

Sr. Emiliano Cotelo.


Quien suscribe, Mariana Mota, Juez Letrado de 1era Instancia en lo Penal de 7mo turno, se dirige a Ud a fin de exponer lo siguiente:


El lunes 14 del corriente escuché, como lo hago habitualmente desde hace varios años, el programa periodístico que Ud. dirige.


En el horario de la mañana y en el espacio que se desarrolla el periodístico “La tertulia”, se trató el tema de una resolución que
dicté hace ya varios meses y donde se dispuso el procesamiento de Carlos Calcagno, militar retirado, como co autor de la desaparición
forzada de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, detenidos en Paraguay en el mes de mayo del año 1977-

Según afirmaron los integrantes de la tertulia, ninguno de ellos había leído la resolución que disponía el procesamiento ni la que mantenía
el mismo luego de que la defensa hubiera presentado recurso de reposición y apelación. No obstante ello, dieron a conocer sus
diferentes puntos de vista sobre el tema del cual solo manejaban la información periodística dada por el semanario Búsqueda.

En base exclusiva a la versión del prenombrado semanario algunos integrantes del programa concluyeron que mi posición la que, reitero,
no conocen porque no leyeron la resolución, era errónea llegándose a calificarme de “totalitaria” e incluso a tratarme de “loca”.

Luego de estos agravios no hubo, por parte del moderador, actuación alguna que encausara la expresión de opiniones por la vía de la
exposición fundada de posiciones.

El tema llevada a la consideración de los opinantes terminó sin mayores comentarios dado que, claro está, poco podía comentarse de
algo que no se conoce.

La dicente comparte plenamente que los fallos judiciales se discutan, se analicen y se opine respecto de los fundamentos que los sostienen
compartiendo o discrepando con los mismos pero ello en el marco del respeto a quien lo ha emitido y en función a argumentos sostenidos por el conocimiento previo del tema a discutir. En ningún ámbito y respecto de persona alguna, sea el cargo que tenga y sostenga la posición que sostenga, puede aceptarse que sea válido como argumento el denostarla como persona, precisamente porque el agravio no resulta ser argumento alguno y solo indica que quien lo emite no tiene sustento para su argumentación.-

Si resulta de interés de los integrantes de la tertulia –lo que descuento que lo es porque los llevó a tratar el tema- adjunto en
archivo la sentencia donde se dispuso el procesamiento así como la resolución donde mantengo lo resuelto.

De la lectura de las resoluciones los opinantes del programa podrán concluir, esta vez con fundamento, si efectivamente lo informado por
Búsqueda es como dice la defensa del procesado o si en realidad lo que se dice en la resolución admite otra interpretación como efectivamente sostuve desde que lo plasmé en la misma.

Señalo por último un aspecto que nunca pudo pasarse por alto y es que para que exista un procesamiento debe previamente haber una
requisitoria Fiscal. El representante del Min Pco solicitará, si lo entiende pertinente, el procesamiento de alguna persona si estima que
la prueba reunida en la causa demuestra que el indiciado es presunto responsable del delito que se investiga y calificará la conducta ilícita de acuerdo al delito que considera ha cometido el indagado. En consecuencia, el procesamiento de C. Calcagno está fundado en un cúmulo probatorio que, a juicio de la dicente y de conformidad con lo requerido oportunamente por la Sra. Fiscal, eran prueba suficiente para iniciar un juicio penal como presunto responsable de la desaparición de estos dos ciudadanos uruguayos. Sostener que el procesamiento se funda en que el indiciado no confesó es una simplificación muy grande y errónea y es desconocer el trabajo judicial y de lo que se sostiene en la resolución.

Sin otro particular, saluda a Ud atte,


Mariana Mota- Juez Letrado

Por ésto también la derecha quiere echar a la Jueza Mariana Mota

Condenan a seis exjerarcas blancos y colorados

07.02.2012 | 9.01El Espectador

La jueza penal Mariana Mota condenó a seis exjerarcas blancos y colorados del Banco Hipotecario por delitos de abusos de funciones cometidos durante la administración de Jorge Batlle y durante la segunda Presidencia de Julio María Sanguinetti.

El fallo está vinculado a irregularidades cometidas con viajes al exterior financiados con fondos públicos, consigna el matutino La Diaria.

La decisión involucra a los exdirectores Salomón Noachas, Jorge Sacchi, Néstor Moreira, Norberto Sanguinetti, Fernando Caride y Jorge Conde Montes de Oca.
El Presidente Mujica inició este ataque cuando le dió "un tirón de orejas" a la Suprema Corte porque "no había hecho nada" contra la Jueza Mota


La Jueza Mota deviene moneda de cambio para el pacto con la derecha


http://4.bp.blogspot.com/-fFEl-PcQjvk/T3sfaAPGsHI/AAAAAAAAIUA/FSueDBHqOfA/s1600/1.jpg
VOLVEMOS A PUBLICAR:
Opinión de Roger Rodríguez sobre los ataques a la Jueza Mariana Motta
(Mujica y Suprema Corte)
“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda.
Si lo soy o no, no le importa a nadie.”

 
¿Qué pienso?... Pienso que es sintomático que se inicie una nueva campaña contra la jueza Mariana Motta, cuando debe tomar una decisión judicial en el caso Perrini que determine, eventualmente, el enjuiciamiento del general Pedro Barniex. Nada de lo que Mota dijo en P12 puede ser considerado "político partidario" que es lo único que esta vedado hacer públicamente a los magistrados. ¿La Suprema Corte de Justicia y el propio presidente Mujica están jugando? ¿Es tiempo de silenciar a los jueces? ¿El caso Garzón se repetirá en Uruguay? ¿Son "cosas que pasan", como las balas de goma y los carros antimotines contra las protestas del Liceo 70?... No sean nabos, ¡por favor!     Roger Rodriguez

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Néstor 04/09/2012 23:54


Es realmente indignante comprobar el manejo totalmente "antidemocrático" que realizan órganos de prensa, radios, políticos y hasta el mismo presidente de la república.


Es una asquerosa sensación de:"la historia vuelve a repetirse"...cuidado!!!!con lo que decís...con lo que hacés...no te vayan a calificar como "nuevo subversivo", y claro no irás preso, pero lo
mas probable que pum!!una pateadura y afuera.


Sin duda, estoy seguro que la población desea saber a ciencia cierta, que hay detrás de toda esta inmunda y detestable manipulación de los diferentes actores de nuestra sociedad, y estoy
convencido de manifestar, que mas que desear, tiene el "derecho" de saber que se cocinó, se cocina y se cocinará detrás de bambalinas, somos al final un pueblo demasiado paciente que llega a
extremos que prefiero no calificar, ante nuestros ojos y en nuestros oidos suenan manifestaciones que en el mejor de los casos nos ofenden en nuestra inteligencia, es deleznable la forma en que
nos quieren convencer de situaciones o hechos que distan y estan en las antípodas de la verdad y de la razón.


Prefiero no seguir extendiéndome en manifestar lo que siento ante tanta indignidad y porqué no indignarme ante el atropello a una parte muy importante de nuestro pueblo, en este caso puntual a la
dignísima Jueza Mariana Motta, estoy seguro que los responsables digamos benevolentemente de esta ayuda para que dejen tranquilos a "los pobres viejitos", desean fervientemente "sacarse de
encima" a personas que como la jueza Mariana Motta y agrego a la fiscalMirtha Guianze trabajan seriamente y denuncian lo que hay que denunciar.


Estas dos integrantes del poder judicial, como sin duda deben haber otros que también ubicados en el mismo terreno que las anteriores, trabajen en aras de cumplir con el sagrado mandato de
"imponer justicia", nada mas ni nada menos que esto "imponer justicia", que es evidente en nuestro país y en los casos puntuales de violación a los derechos humanos, cada vez se torna mas
difícil, comprobando que "aquí hay gato encerrado", y  cuidadito!!, son muchos los responsables de haberlo encerrado.


A la jueza Mariana Motta, a la fiscal Mirtha Guianze y a los que actuan con la dignidad, profesionalidad y responsabilidad, en cumplimiento de los cargos y funciones que ejercen, mi mas solidario
respaldo y mi tal vez pequeño compromiso como ciudadano de a pié, con mis compatriotas que con su esfuerzo cotidiano, luchan porque en este país volvamos a tener la dignidad perdida y podamos
asistir a la verdad y la justicia, ni olvido ni perdón, solamente justicia.