Barillas (Guatemala): impunidad y terror como en épocas de guerra sucia
“Golpe de Estado a escala municipal”
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Como en los tiempos de la cruenta guerra anti-insurgente en Guatemala, las comunidades del municipio de Santa Cruz Barillas ven cómo sus poblaciones son avasalladas en cumplimiento del estado de sitio decretado por el gobierno de Otto Pérez Molina: los hombres requeridos alcanzan a huir a las montañas, mientras las mujeres y hasta niños han sido vejados en las últimas horas.
Aunque tuvieron un punto de inflexión el pasado 1º de mayo, con el asesinato de uno de los líderes de la resistencia comunitaria a la construcción de una represa en Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, y la agresión a otros dos que resultaran gravemente heridos, la historia de represión nace casi en simultáneo con el propio proyecto, cinco años atrás.
Tras ese ataque, aún no aclarado, el gobierno de Pérez Molina decretó estado de excepción, el que fuera ratificado en el Congreso este martes 8 de mayo, con lo cual se desató la represión en la zona, incluyendo allanamientos, detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos, violaciones y desapariciones.
Así lo testimonian en enlace telefónico desde Santa Cruz Barillas, Daniel Pascual, quien es dirigente de La Vía Campesina Guatemala y Jaime Manuel, poblador de la zona que resiste ese proyecto.
En sus palabras se ve reflejada la total impunidad con que actúan las fuerzas represivas, lo que para Pascual representa una “prueba de fuego” para las comunidades, donde se expresa la identidad represiva del gobierno en una suerte de golpe de Estado “a escala municipal”.
“Como hay más de cien órdenes de captura, la mayoría de los hombres se han escondido en las montañas y las mujeres han sufrido abusos de los militares al realizar los cateos”, dijo Pascual. “Se trata de un intento de instalar un estado de terror a nivel municipal donde no tienen acceso los organismos de DDHH del Estado”, añadió.
Por su parte Jaime Manuel Manuel, de origen maya, transmite en su voz la angustia por la que atraviesan los pobladores desde hace cinco años al enfrentarse lícitamente a un proyecto que los expulsaría de sus territorios.
“Los hombres han huido de la injusticia, han dejado familia, hijos, algunos hasta han emigrado a México”, señaló. También narró que varias mujeres que han permanecido en sus casas han sido violadas por los uniformados, así como niños que reclaman por sus padres han sido golpeados con las culatas de las armas.
“Ellos (el gobierno) hicieron la ley y ahora no la respetan” manifestó en relación a la necesidad de respetar la consulta previa a las comunidades afectadas. “Ahora hemos decidido hacer valer nuestros derechos”, insistió.
Este jueves La Vía Campesina Guatemala y la organización CEIBA realizarán una rueda de prensa conjunta para denunciar los alcances de la situación que se vive en ese país centroamericano.
Escuche en audio adjunto el testimonio, en ese orden, de Daniel Pascual y Jaime Manuel desde Santa Cruz Barillas
Foto: www.contrainjerencia.com
Una vieja película
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Las imágenes que llegan desde Santa Cruz Barrillas, en el departamento de Huehuetenango, recuerdan a los tristes episodios de la década de los 80, cuando la dictadura en Guatemala avanzaba con su plan de exterminio de las comunidades indígenas.
Ese miedo al retorno de los peores años de la política de “tierra arrasada” aparece reflejado en un testimonio que recoge la agencia informativa ALAI luego de que se decretara el Estado de Sitio en esa zona del país.
“Los militares ya mataron a nuestros padres, estamos viviendo mucha tristeza y terror, principalmente las mujeres con sus hijas e hijos, por favor acaben con el Estado de Sitio”, denunció vía telefónica doña Aurora, que en las últimas horas se vio obligada a dejar su casa ante la persecución de las fuerzas de seguridad. Lo dijo mientras organizaciones locales presentaban una denuncia por esta situación, y mientras efectivos del Ejército y la Policía continuaban con los arrestos.
El Estado de Sitio decretado en esa zona limítrofe con México por el gobierno del militar retirado Otto Pérez Molina ha provocado ya la detención de 15 personas acusadas de participar en una “revuelta” el 1º de mayo, y está generando “zozobra y terror” entre los habitantes de Santa Cruz Barillas.
Esto último lo afirma la Coordinación y Convergencia Nacional MayaWaqib’ Kej, que exigió a través de una carta dirigida a Pérez Molina el cese “inmediato” de la medida decretada para el municipio huehueteco, para que de esa manera se reintegren las garantías constitucionales de los pobladores locales.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC) y dirigente de Waquib´ Kej, señaló en una conferencia de prensa que le entregarán ese documento, firmado ya por unas 200 personas, a la Secretaría Privada de la Presidencia, a las embajadas presentes en Guatemala y en otros ámbitos internacionales.
El razonamiento de Pascual es muy claro: el Estado de Sitio solamente sirvió para generar miedo en la población y nada cambió la situación de Santa Cruz Barillas, donde las comunidades locales salieron a la calle para manifestar su descontento con la construcción de una represa hidroeléctrica -impulsada por la constructora Hidro Santa Cruz- que se pretende construir en un lugar utilizado como centro ceremonial y que tendría impactos sobre el uso agrícola del agua.
Las organizaciones guatemaltecas recuerdan que en los últimos años se han registrado otros decretos de Estado de Sitio en Alta Verapaz, Petén, San Marcos y Fraijanes. "El uso de la tropa en acciones de resguardo social, así como la imposición de restricción de garantías, sólo es un mecanismo de aceptación gubernamental de fracaso en el ejercicio de la democracia", concluyen desde la Mesa Indígena y Campesina.
Foto: http://noticias.emisorasunidas.com/
2012-05-06

Ciudadanía pide suspensión al Estado de Sitio decretado en Huehuetenango
Rosalinda Hernández AlarcónCiudad de Guatemala, 6 mayo 2012.- Personas guatemaltecas y de otros países demandaron hoy se anule el Estado de Sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango, departamento limítrofe con Chiapas, México, decretado hace cinco días por el presidente de la República, el general retirado Otto Pérez.
Mientras se presentaba esta exigencia en una conferencia de prensa, desde un lugar desconocido, doña Aurora denunció vía telefónica que varias comunidades están siendo cateadas por elementos del ejército y la policía, “estoy escondida, pasando hambre y muy preocupada”.
La presencia del ejército en esa localidad recuerda a sus habitantes la represión que sufrieron en la década de los ochenta cuando “los militares mataron a nuestros padres, estamos viviendo mucha tristeza y terror, principalmente las mujeres con sus hijas e hijos, por favor acaben con el Estado de Sitio”, manifestó doña Aurora, quien se vio obligada a dejar su casa ante la persecución de las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento se encuentran detenidas 12 personas, entre ellas, Carmelina López Miranda (43 años) y Esperanza Herrera Serrano (74), pero se desconoce la situación en que se encuentran todos. En especial existe preocupación por las mujeres, ya que los reportes periodísticos indican que fueron capturadas al no encontrar en su domicilio a sus respectivos esposos.
Desde hace tres años, en Barillas existe inconformidad entre las y los vecinos por la construcción de una hidroeléctrica, ya que ese proyecto se pretende instalar en un área utilizada tradicionalmente como lugar recreación y centro ceremonial, y entre las consecuencias de esa obra, señalan la limitación del uso doméstico y agrícola del agua.
El 13 de abril, 298 -del total de 305- comunidades ratificaron su rechazo a esa obra. El 2 de mayo, Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé fueron emboscados por presuntos guardias de seguridad de la empresa constructora Hidro Santa Cruz, el primero de ellos falleció y los otros dos fueron gravemente heridos.
Esta agresión provocó de inmediato varias protestas, en las que participaron más de cinco mil personas, pero desencadenaron en hechos violentos contra varios inmuebles y personal uniformado, justificación para implantar el Estado de Sitio.
Al explicar que personas están huyendo a la montaña -como ocurrió durante la guerra- ante el temor de ser capturadas, ahora que se suprimieron las garantías individuales, Doña Aurora relató con la voz entrecortada, “nosotros somos gente honrada, exigimos que sean esclarecidos los hechos violentos, que se acabe con la persecución en las comunidades”.
Con el Estado de Sitio se recupera la gobernabilidad, afirmó el presidente Pérez, quien en diferentes declaraciones ha asegurado que la construcción de hidroeléctricas y la industria minera representan “el desarrollo” para Guatemala, por ello su gobierno les da su total apoyo.
A decir de Daniel Pascual, representante de la organización indígena Waquij K’ej, la militarización en determinados municipios forma parte de un plan para dar vía libre a las empresas ya sea mineras o hidroeléctricas, con ello ignoran los resultados de las consultas comunitarias que rechazan ese tipo de proyectos.
En una carta abierta al presidente de la República, suscrita por más de 200 personas vinculadas a la investigación social, arte, luchas feministas, defensa de los derechos humanos y del territorio, indicaron que los hechos en Barillas en los que se utiliza toda la fuerza pública, son similares a los ocurridos en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez (Suchitepéquez) en 2009, en Polochic (Alta Verapaz) en 2011 y en Cunén (Quiché) en 2012.
Esta misiva fue calificada como una Alerta Humanitaria, la cual será entregada a representantes de los tres poderes del Estado, a embajadas y organismos de cooperación, ya que existe una tendencia por parte de las entidades gubernamentales y medios de comunicación conservadores de calificar de “terroristas”, “agentes del narcotráfico” u “opositores al desarrollo” a las personas organizadas que manifiestan su repudio a las empresas nacionales y transnacionales que destruyen la naturaleza, y al mismo tiempo, reivindican su derecho a la consulta establecido en el Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- Rosalinda Hernández Alarcón ES Periodista mexicana, residente en Guatemala. Coeditora de la publicación feminista laCuerda.
Gobierno militar de Otto Perez Molina, CREA CRISIS HUMANITARIA EN BARILLAS HUEHUETENANGO
Publicado el 06/05/2012 por juventudesIndigenas
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| Movilización de los habitantes de Santa Cruz Barillas contra la compañía española ECONER-HIDRALIA. |

