Panamá: Indígenas exigen cese de represión policial y liberación de detenidos
Miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos exigieron al Gobierno que detenga la oleada de represión en San Félix y que libere a las decenas de detenidos.
La Coordinadora exige al Gobierno de Ricardo Martinelli que retire a la policía de la zona y cesen los abusos contra la comunidad.
Los indígenas exigieron que se retire la policía del área de conflicto, que se detenga la represión y la persecución a los manifestantes y la liberación inmediata de todos los detenidos, atención médica urgente a los heridos y apoyo a los familiares de Jerónimo Rodríguez, la persona muerta fruto de la represión policial en San Félix.
También se pidió el restablecimiento del sistema de comunicación de telefonía móvil y que se llame como observadores y mediadores a la Iglesia Evangélica de Panamá, la Relatora de la ONU y al Rector de la Universidad de Panamá.
Desde hace una semana, la comunidad indígena bloqueaba la carretera Interamericana para exigir al Gobierno la prohibición de exploraciones y explotaciones mineras en el territorio.
La Coordinadora informó sobre la muerte de Francisco Miranda, lo que dejaría un balance de dos víctimas, decenas de heridos y cientos de detenidos fruto de la represión policial contra la comunidad indígena en San Félix.
El Gobierno asegura que la muerte de Miranda no fue debida a la actuación policial y lo achacó a otras causas.
LibreRed.net
- Martes, febrero 7, 2012
Trabajadores de la construcción, que respaldan las protestas de los grupos indígenas Ngäbe Buglé, fueron reprimidos por unidades antidisturbios de la Policía Nacional en Coco Solo, Colón, provincia panameña 85 kilómetros al norte de la capital del país.
Saúl Mendez, Secretario General del Suntracs
Los obreros, que pertenecen al poderoso Sindicato de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), trataron de cerrar las vías que comunican a las ciudades terminales de Panamá, en el Pacífico, y Colón, en el Atlántico.
Los antimotines lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y reabrir la vía.
El conflicto entre los grupos indígenas, que rechazan la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en sus comarcas, y las autoridades tiene ya una semana de duración y aún no se vislumbra un acuerdo. Una oleada de represión policial contra grupos indígenas en Las Lomas, provincia de Chiriquí, dejó un saldo de un muerto, 39 heridos y 41 detenidos.
Los indígenas tenían cerrada hasta el domingo pasado la carretera Interamericana, en la provincia de Chiriquí, escenario principal de los enfrentamientos, que fue abierta por la Policía Nacional en una actuación desproporcionada y muy polémica, debido a las denuncias por uso de perdigones y allanamientos de morada.
Otro de los hechos que generaron una gran indignación fue el corte de la señal de telefonía móvil e internet por parte del Gobierno para tratar de censurar los abusos de los agentes y frenar posibles denuncias por parte de la comunidad indígena.
Los indígenas exigieron que se retire la policía del área de conflicto, que se detenga la represión y la persecución a los manifestantes y la liberación inmediata de todos los detenidos.
LibreRed.net / Ansa
Porque conocemos la aldea...
(AW)Las situaciones se entrecruzan como la historia de nuestra América Latina. Expoliada, castigada hasta la marginalidad y el confinamiento. Sus luchas desde el coloniaje salvaje, la resistencia al conquistador o el exterminio, hoy se repiten como vuelta de tuerca desde un continente multiétnico y plural donde los pueblos unen sus pesares potenciando las fuerzas e ideales en común. Esta vez es el turno de la minería en el país hermano de Panamá.
Comunicado del Movimiento Popular Unificado
Ante la codicia de Ricardo Martinelli, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO NGÄBE-BUGLE
Una vez más, mostrando una prepotencia imbuida de un racismo evidente y de un profundo desprecio por el pueblo que lo encumbró en el poder,
Ricardo Martinelli se ensaña contra los derechos de los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé e insiste, a través de sus diputados de la Asamblea
Nacional, en incumplir los acuerdos que los pueblos indígenas alcanzaron en 2011, cuando se opusieron decididamente al desarrollo minero en los
territorios comarcales.
Con esta actitud, Martinelli y sus compinches intentan burlarse, una vez más, de la inteligencia popular, pues la codicia lo enceguece hasta el punto de pretender la venta de la nación a países extranjeros que ansían nuestros minerales y de no reparar en los sacrificios que tiene que hacer el país entero ante la firme determinación del pueblo ngäbe-buglé de defender, hasta las últimas consecuencias y unidos como un solo hombre, aquello que tienen por única y más cara riqueza: las tierras en que siempre han vivido.
Lejos de lo que su mente calculaba, el pueblo panameño ha apoyado, por mayoría abrumadora, la lucha de los indígenas, y ya son cada vez más las voces que se alzan no solo para exigir que se ponga fin al conflicto generado por la irresponsabilidad del Gobierno y de la Asamblea Nacional en forma favorable a las justas reclamaciones de los pueblos originarios, sino que ponen en entredicho la legitimidad de la administración gubernamental y llaman a la resistencia popular contra un Gobierno que ha roto una gran cantidad de regulaciones que el Estado ha signado en materia de derechos humanos y ha torcido y violentado, a su antojo, la Constitución de la República.
He aquí, entonces, que el Movimiento Popular Unificado jamás podría permanecer impávido ante las monstruosas dimensiones de sevicia e inhumanidad de las que ha hecho y hace gala la administración entera de Ricardo Martinelli y su recua de facinerosos que han convertido a la nación en trampolín hacia el enriquecimiento dudoso, el abuso, el crimen y la vergüenza, por lo que hemos participado y seguiremos participando activa y denodadamente en toda iniciativa tendiente a la oposición organizada contra semejantes desmanes, sin parangón en la historia nacional.
Por ello, repudiamos con todas nuestras fuerzas las erráticas y cada vez más peligrosas actitudes y acciones que urde y ejecuta Ricardo Martinelli con el beneplácito de su cohorte de aduladores y los responsabilizamos absolutamente de la vida, seguridad, propiedades, tranquilidad y bienestar de los habitantes de las comarcas indígenas que luchan contra sus desaciertos.
Llamamos a la participación completa y decidida de la ciudadanía en la resistencia popular para apoyar a nuestros pueblos indígenas en su lucha y acabar de una buena vez con el esquema político-social que ha propiciado el surgimiento de este engendro del vicio y la crueldad que es la administración gubernamental de Ricardo Martinelli a través de una Asamblea Constituyente Originaria en la que el pueblo panameño, en forma directa, participe en la elaboración de una nueva Carta Magna que dé la racionalidad y el sosiego al país fundamentados en un nuevo gran acuerdo que procure la justicia social y que aplique la justicia popular a los responsables de latrocinios, cohechos y crímenes que, por desgracia, detentan el poder político en el país.
Dado en la Ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de febrero de 2012.
Mineras más mineras menos, la misma represión
(AW)Una extensa nota enviada por un compañero desde Panamá da cuenta de la suerte común de nuestros pueblos ancestrales y multiétnicos asesinados, reprimidos o encarcelados por repudiar proyectos mineros e hidroeléctricos. Los miembros de la etnia Ngabe Buglé, vulgarmente llamados por la élite gobernante "cholos" o "guamíes" han sido por más de cien años la fuerza de trabajo barata para el sector agrícola panameño. Son la mano de obra esencial en las bananeras, en la zafra del azúcar, en la cosecha del café y para lo que 'gusten' mandar. Pero su cosmovisión continúa intacta: defender la madre tierra, único medio natural como raíz de su conformación humana. Va un fragmento.
Al menos un asesinado, el compañero Jerónimo Rodríguez Tugrí, podrían ser más, decenas de heridos, centenares de detenidos, la imposición no
declarada del estado de sitio en la zona, incluyendo el corte de las comunicaciones, ha sido el costo impuesto por el gobierno de Ricardo Martinelli para despejar la vía Interamericana, bloqueada en varios lugares durante seis días por miles de habitantes de la comarca Ngabe-Buglé, en la República de Panamá. La demanda que moviliza al pueblo Ngabe-Buglé, dirigido por un organismo asambleario, la Coordinadora de Lucha, cuyos principales dirigentes son Rogelio Montezuma y la cacique comarcal Silvia Carrera, consiste en exigir la prohibición de la explotación minera y la construcción de nuevas hidroeléctricas en su comarca.
Panamá: Policía ataca con bombas lacrimógenas Centro Misional Jesús Obrero en Comarca Ngobe Buglé
COMUNICADO AL PAÍS
COMUNICADO AL PAÍS DE LOS PADRES AGUSTINOS DEL CENTRO MISIONAL JESÚS OBRERO DE TOLÉ
“No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy” (Hch 3,6).
PANAMÁ. Atendiendo a los últimos acontecimientos registrados en Tolé, en el oriente chiricano y en el país; la Comunidad de Padres Agustinos de Tolé comunica al país la angustiosa situación que se vive en los distritos de Tolé y Munä, ya conocidos a través de los medios; y aclaramos lo siguiente:
1. El Centro Misional Jesús Obrero ha sido siempre, por más de cuarenta años de nuestra presencia aquí, un centro de Evangelización y Promoción Humana que ha atendido a todas las personas sin distingos de ninguna condición. Testigo de esto son todos los que pasan por nuestra casa, particularmente los funcionarios del Ministerio de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, Tribunal Electoral, ONGs y personas de buena voluntad.
2. Rechazamos las insinuaciones del Señor Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, sobre nuestro accionar en este conflicto. El 5 de febrero en la mañana nuestro Centro fue atacado con bombas lacrimógenas, hemos atendido a las víctimas, hemos arriesgado nuestro “pellejo” recogiendo heridos por los potreros y hemos brindado primeros auxilios en coordinación con los equipos de salud del pueblo.
3. Sobre este conflicto señalamos lo siguiente: las reiteradas protestas de los indígenas y campesinos de la Comarca y el oriente chiricano no son un capricho de la Coordinadora o de los Caciques, todos sabemos que los indígenas llevan décadas protestando por las mismas causas: que no haya minería ni hidroeléctricas en su territorio, al menos. Nadie les ha hecho caso de verdad. El Estado panameño sigue adelante con todo su poderío económico, político y militar. Los indígenas están totalmente desprotegidos jurídicamente. No tienen medios justos para defender sus derechos. Por eso han creído en la posibilidad de lograr una ley especial que proteja sus recursos ambientales.
4. Consideramos que hemos llegado a un punto crítico. No hay verdadero diálogo porque el gobierno no tiene nada que dialogar, simplemente no quiere acceder a restituir el artículo 5 de la propuesta de ley de los indígenas, porque toca muchos intereses económicos de empresas mineras e hidroeléctricas. No hay verdadero diálogo porque la Coordinadora y la Cacique General no pueden ceder ante la convicción de los indígenas de que se deben cancelar todos los proyectos mineros e hidroeléctricos en la Comarca Ngobe-Buglé, esta lucha atañe a su vida y a su supervivencia como pueblo.
5. Hacemos oración a Dios que protege a los más desvalidos, llamamos a la cordura e inteligencia de todos los panameños, especialmente al Gobierno, y nos hacemos eco del reciente comunicado de la oficina de Naciones Unidas en Panamá. La solución a este conflicto debe estar inspirado y ser compatible “con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, incluso aquellos sentados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas” de la cual Panamá es miembro. En ella se consagra el derecho de verdadera autodeterminación de los pueblos indígenas.
Tolé, 6 de febrero de 2012.
Firmado: P. Carlos De la Cruz; P. Nicanor Jiménez y P. Roberto Carpintero, sacerdotes agustinos de Tolé y Munä.
¡ PANAMÁ SE SUBLEVA !
"Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia (APLAUSOS). Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie, en marchas sin término, de cientos de kilómetros, para llegar hasta los “olimpos” gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve, armados de piedras, de palos, de machetes, de un lado y otro, cada día, ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida; se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicias reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron."
De la Segunda Declaracion de La Habana - 4 DE FEBRERO DE 1962
Panamá: brutal desalojo de bloqueos
deja un indigena muerto y 32 heridos
Publicado el 2/06/12 • en Contrainjerencia
Un indígena murió, 32 resultaron heridos y unos 40 fueron detenidos este domingo en Panamá cuando la policía desalojó a la fuerza los bloqueos que mantenían desde hace seis días en rutas estratégicas, en protesta contra la minería y proyectos hidroeléctricos en sus territorios, reporta AFP.
Unidades antidisturbios disolvieron con gases lacrimógenos las protestas en distintos pueblos de las occidentales provincias de Chiriquí -fronteriza con Costa Rica- y Veraguas, para levantar las barricadas que bloqueaban carreteras importantes como la Interamericana, que comunica a Panamá con el resto de Centroamérica.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, precisó en conferencia de prensa que los enfrentamientos dejaron un indígena muerto, 32 nativos y siete policías heridos, así como “41 detenidos, dos de los cuales son menores de edad”.
“Lamentablemente un indígena murió (…) el arma que causa la muerte no pertenece al reglamento de la policía”, dijo Mulino. Y señaló que el Ministerio Público y medicatura forense realizan las investigaciones.
Desde zonas de conflicto, dirigentes indígenas dijeron que la policía los reprimió violentamente. Fabio Pinzón, uno de los manifestantes, afirmó que les tiraron “bombas (lacrimógenas) y perdigones”.
“Nos han tirado los antimotines. Estábamos tan tranquilamente manifestándonos pacíficamente y nos han reprimido”, dijo desde Chiriquí a radio RPC Omayra Silvera, dirigente de la coordinadora indígena que organiza las protestas.
Carlos de la Cruz, sacerdote de Tolé (Chiriquí), dijo a la prensa local que policías habían “disparado balas, perdigones y gases lacrimógenos”. “Temprano llevé tres heridos (al hospital) y se han llevado varios detenidos. He visto los proyectiles”, afirmó.
“No se pueden permitir en este país las violaciones a los derechos humanos”, expresó desde Chiriquí Patria Portugal, ombudsman de Panamá.
Mulino negó tajantemente que la policía haya usado “armas letales” y acusó a los indígenas de quemar un cuartel de Policía en San Félix (punto más conflictivo de la protesta), de intentar atacar otro en David, capital de Chiriquí; y de saquear la sucursal de un banco.
“La policía ha despejado casi el 100% de la ruta. Lo importante es que el tráfico se ha ido normalizando y la Policía viene limpiando la carretera de escombros, troncos, láminas de acero y los camiones han empezado a circular”, expresó Mulino.
Desde San Félix, Chiriquí, el sacerdote Adonais Cortés, miembro de una comisión que buscaba el diálogo, dijo que los dirigentes indígenas habían acordado despejar las vías para empezar a negociar, pero los manifestantes se negaron por no tener una propuesta concreta del gobierno.
El gobierno “tiene la mejor de las disposiciones para iniciar ya un proceso de diálogo que la comunidad está reclamando y espera que nos conduzca a llevar al país nuevamente por el sendero de calma y desarrollo que todos necesitamos”, dijo el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, tras los serios enfrentamientos.
La intervención policial se dio luego de que el sábado delegados del gobierno del derechista Ricardo Martinelli no acudieran al diálogo con los indígenas promovido por la Iglesia Católica.
Los indígenas de la etnia Ngöbe Buglé -la mayor del país- iniciaron el lunes la protesta para exigir que un proyecto que debate el Congreso prohíba la construcción de hidroeléctricas y la explotación de minas en sus comarcas.
El gobierno acepta no desarrollar actividades mineras pero rechaza prohibir la construcción de hidroeléctricas, ya que asegura que ello supondría un sobrecosto de 200 millones de dólares para el Estado para suplir la demanda energética.
Los bloqueos dejaron varadas a cientos de personas, entre ellas turistas, principalmente de Costa Rica, y ya empezaban a provocar desabastecimiento de alimentos en la capital y otras zonas.
El Partido Revolucionario Democrático denuncia que lo que está ocurriendo es responsabilidad exclusiva del Presidente de la República que sin ninguna credibilidad, busca en la confrontación y en la violencia, ocultar su incapacidad para generar un diálogo responsable y participativo, que hubiese evitado el actual derramamiento de sangre de humildes pobladores indígenas que lo único que hacían era defender los derechos inalienables del pueblo.
COMUNICADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO DE PANAMÁ
Nuevamente, se repiten los acontecimientos de julio de 2010 de Changuinola, cuando el pueblo trabajador y los indígenas bocatoreños rechazaron la "Ley Chorizo", a costa de varios muertos y decenas de heridos, muchos privados para siempre de la vista.
Hace menos de un año, San Félix y regiones aledañas fueron el escenario de lucha del pueblo Ngöbe Bugle, en contra de una ley minera, que respondiendo a la insaciable avidez lucrativa de Ricardo Martinelli y sus allegados, pretendía entregar los recursos naturales de esa Comarca en beneficio de los gobiernos de Corea del Sur y Singapur y de las transnacionales asiáticas que se dedican a la comercialización del cobre.
En aquella ocasión, con la mediación oportuna y acertada de la Iglesia Católica, en la persona de monseñor José Luis Lacunza, luego de serios enfrentamientos con la población indígena, se comprometieron a prohibir expresamente, por ley, que se permitiera en el futuro la explotación cuprífera en la Comarca Ngöbe Bugle. Pero, nuevamente, como es su costumbre, el Presidente de la República engaña al país y en particular a los pueblos indígenas, pretendiendo desconocer con subterfugios y mentiras el compromiso asumido e impulsa la explotación minera en esa región para agrandar sus cuentas bancarias y hacer realidad su deseo de convertirse en el hombre más rico del país y Centroamérica sin importarle cuántas vidas haya que sacrificar, cuánta orfandad, viudez, luto y destrucción y dolor cause su desmedida ambición.
El Partido Revolucionario Democrático denuncia que lo que está ocurriendo es responsabilidad exclusiva del Presidente de la República que sin ninguna credibilidad, busca en la confrontación y en la violencia, ocultar su incapacidad para generar un diálogo responsable y participativo, que hubiese evitado el actual derramamiento de sangre de humildes pobladores indígenas que lo único que hacían era defender los derechos inalienables del pueblo.
Las declaraciones del Ministro de Seguridad acusando a prelados de la iglesia Católica, que actuaban como mediadores, de fomentar la confrontación, así como las declaraciones del Presidente, reiteradas por el Ministro Mulino, de que los indígenas habían "secuestrado" a centenares de extranjeros y que habían saboteado las comunicaciones por celular, son una muestra del empleo de tácticas fascista al más puro estilo gobeliano, cuando no existió ningún secuestro y cuando existe una grabación de una empresa de comunicaciones que informa que quienes dieron las órdenes de cortar las comunicaciones fueron "las autoridades competentes".
Todo esto demuestra, la incompetencia, incapacidad y deshumanización de quienes integran el gobierno, los únicos responsables del estado de desobediencia civil que se produce con toda justificación en la Comarca Ngöbe Bugle y que se extenderá por todo el país, mientras continúe imperando el estilo de gobierno caracterizado por el insulto, la imposición, la confrontación, la corrupción, el engaño, la persecución y el enriquecimiento ilícito de Ricardo Martinelli y sus principales allegados.
El PRD apoya la lucha del pueblo Ngöbe Bugle contra la minería en sus tierras; denuncia y responsabiliza al Presidente de la República, Ricardo Martinelli, de las consecuencias luctuosas y de las pérdidas materiales producidas en los últimos días, como resultado de sus mentiras e intransigencia. Nos solidarizamos con la Iglesia Católica que ha interpuesto sus buenos oficios en la búsqueda del diálogo que resuelva definitivamente las causas del conflicto. Reiteramos que la única forma posible de resolver la actual situación, es el retiro inmediato de la Ley Minera que se discute en la Asamblea Nacional, propuesta por el gobierno o la incorporación del artículo correspondiente que conlleva el compromiso de que no se produzcan explotaciones mineras en las comarcas indígenas.
Hacemos un llamado a toda la dirigencia y membrecía del PRD a movilizarse en sus respectivas áreas, realizando acciones de denuncia contra el gobierno de Ricardo Martinelli y de solidaridad con el pueblo Ngöbe Bugle. Asimismo, advertimos que las amenazas de represión e intimidación contra nuestro partido no nos asustan ni intimidan y que continuaremos de pie o muertos, nunca de rodillas.
Presidente Martinelli, usted cosecha lo que ha sembrado:
¡Retire del debate de la Asamblea de Diputados el anteproyecto de la Ley Minera!
¡Cumpla por una vez su palabra empeñada!
¡Usted es el único responsable del caos y de los enfrentamientos con la Nación Gnabe-Bugle!
Panamá, 5 de febrero de 2012.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Panamá: “Crisis se agrava con represión”, CNTP
Exigen reconocimiento para la cacique Silvia Cabrera y la coordinadora del pueblo Ngöbe
Hay un indígena fallecido y cientos de personas heridas
Movilización lunes 6 en Panamá
Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica se pronuncia
La Central Nacional de Trabajadores de Panamá envió a SURCOS un comunicado de su secretario general, Elberto Luis Cobos R, que dice: “la crisis se ha agravado con las medidas de represión de las fuerzas policiacas”.
Fechado en Panamá el domingo 5 de febrero de 2012 a las 3:00 pm, el informe del dirigente sindical especifica:
“Nuestra posición se mantiene tal como lo acordó la comisión política, el gobierno nacional tiene el deber de sentarse a negociar con la dirección legítima de la comarca que es la cacique Silvia Cabrera y la coordinadora del pueblo Ngöbe. Las autoridades de la comarca escogidas en elecciones organizadas por el Tribunal Electoral, no cuentan con el apoyo y reconocimiento del pueblo. Nunca contaron con el reconocimiento”.
El mismo documento sindical, remitido a SURCOS por Erick Graell, secretario de Organización de la CNTP, detalla:
El gobierno mintió y ha perdido la credibilidad del pueblo, pero aún así le reconocen su responsabilidad y autoridad y lo invitan a dialogar para corregir el proyecto de ley.
El presidente y sus ministros se han portado de manera infantil al mantener la postura que la carretera tiene que abrirse para dialogar.
La violencia introduce otros elementos en el conflicto, como es que ahora negociarán sobre la tumba de Gerónimo Montezuma y la existencia de cientos de heridos.
El gobierno está interesado en levantar expedientes para perseguir a los manifestantes, por ello que insisten en que los turistas estaban secuestrados, lo que no comparten la totalidad de los turistas.
Los medios de comunicación han señalado que a los turistas se les ha tomado declaraciones mediante la fiscalía, todo indica que están interesados en lograr acusaciones de estos amigos turistas.
Las condiciones que surgen y se agravan según los medios con la toma brutal del pueblo de San Félix, solo contribuyen al endurecimiento de la postura de los manifestantes y sus miles de simpatizantes a lo largo de todo el territorio nacional.
El gobierno está acusado de haber desconectado los sistemas de comunicación de los ciudadanos, esto sería una violación a las libertades individuales de miles de ciudadanos, esto debe contar con procedimientos legales como las suspensiones de las garantías.
De ser cierto la anterior acusación sería una medida descabellada.
La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, realizó un piqueteo el sábado 4 de febrero, dejando sentada públicamente nuestra solidaridad con la lucha de los compañeros indígenas.
El día lunes 6 de febrero la CNTP ha convocado a toda su dirigencia de base para acordar las acciones unitarias que junto al resto del movimiento sindical y popular realizaremos en defensa de nuestros hermanos indígenas y por nuestras reclamaciones sociales.
La CNTP se declara en estado de alerta por lo que todos los dirigentes deben estar en contacto con sus bases para agilizar las acciones que sea necesario cumplir.
Otro correo de Graell recibido en SURCOS, señala que “no se respetan los derechos humanos, el gobierno no cree en diálogos, ni escucha la voz del pueblo”.
“Hoy frente a la justa protesta de los pueblos originarios, principalmente de los compañeros de la comarca Ngöbe-Buglé, que luchan contra la minería y la explotación indiscriminada de las hidráulicas, el gobierno del presidente Martinelli no ha visto otra vía que la confrontación, iniciando el ataque a los compañeros indígenas a las 6 de la mañana sorprendiéndolos, aplicando una represión que ya en el día 5 de febrero suma un muerto y decenas de heridos”.
“En la provincia de Chiriquí los trabajadores y las trabajadoras se concentran en el Parque Cervantes, en Veraguas también hay vigilias igual que en Panamá en el Parque Andrés Bello.”
“La CNTP ha hecho un llamado al diálogo y a enfrentar las políticas del gobierno de Martinelli”, agrega el sindicalista.
Notificación de la Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica ante los acontecimientos de la comarca Ngabe-Buglé en Panamá
Domingo, 5 de febrero de 2012 a la(s)
Comarca Ngabe Buglé
Manifestantes en contra de la minería
Panamá
Hermanos, la Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica (FIE), declara su preocupación ante los acontecimientos recientes y anteriores durante su manifestación en protección de los recursos naturales y la lucha por el respeto a la cosmovisión indígena.
Cala un profundo dolor ante la noticia que un joven dirigente indígena de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNICHI), Jerónimo Montezuma falleció tras la violenta represión en horas de la mañana.
La Federación Indígena Estudiantil se viste de luto y les notifica su más amplio apoyo a la Comarca Ngabe-Buglé, ante estos atentados fatales en contra de hermanos indígenas y campesinos, entre ellos niños y ancianos.
Son completamente inhumanas las acciones tomadas por dirigentes del gobierno panameño, quienes por la fuerza en lugar del diálogo han provocado el derramamiento de sangre. Cuya acción de parte del gobierno, rechaza esta federación.
Hacemos un llamado, al gobierno de Panamá, para que comience una solución de buena fe entre los dirigentes indígenas y representantes del gobierno, escuchando las demandas en pro de los recursos naturales de la comarca y el respeto a su cosmovisión indígena. Esto, basados en la Constitución Política de la República de Panamá que en su artículo 127 reza:
“ARTICULO 127. El Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. La Ley regulará los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.”
Se solicita que el gobierno panameño, incluya el artículo 5 que establece un régimen especial de los recursos minerales, hídricos y ambientales en la Comarca Ngäbe-Buglé.
Hacemos un llamado de solidaridad para la comarca de organismos nacionales e internacionales, y grupos en general, para que en función de demanda ante tales acontecimientos, se le ponga fin a la violenta acción contra los hermanos indígenas que se manifiestan y que se inicie el diálogo.
Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica (FIE)
Enviado a SURCOS por InfoCEDIN
Panamá, 6 feb (elpaís.cr) – Las protestas y cierre de carreteras en Panamá entran hoy lunes en su sétimo día, con saldo de dos muertos, cerca de 40 heridos y más de diez millones de dólares en pérdidas, mientras el desabasto de productos agrícolas en la capital se empieza a sentir en el mercado.
Jerónimo Rodríguez Tugri, conocido como Jerónimo Montezuma, fue la primera víctima de la represión militar del gobierno de Ricardo Martinelli contra la etnia Ngöbe-Buglé, que se niega a permitir la explotación minera metálica en su territorio.
La esposa de la víctima, Fidelina de Rodríguez, que se presentó al hospital de San Félix, aseguró que “los policías mataron a su esposo, mientras se pregunta quien la ayudará con su hijo. ¿El Gobierno?”.
Entre tanto, Francisco Miranda, es otra persona muerta a causa de las balas policiales, según denuncia de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngöbe-Buglé.
Los indígenas demandan la eliminación de un artículo a un proyecto de Ley, que pretende entregar parte de su comarca a empresas de Corea del Sur para la explotación minera química.
Martinelli dijo a medios que el Gobierno dejará que sean las autoridades comarcales las que decidan sobre la exploración o explotación de minerales dentro de su territorio.
El anuncio del mandatario no convenció a los indígenas, quienes están pidiendo que esa promesa quede establecida en una ley.
La Cacique General de la Comarca "Ngäbe Buglé", Silvia Carrera, acusó a Martinelli de rechazar la propuesta de diálogo que representantes de sus comunidades formularon para solucionar un conflicto desatado hace unos días en el oeste del país.
"Íbamos a viajar a una reunión a la ciudad de Santiago de Veraguas (en la comarca de Veraguas), pero el gobierno no aceptó", explicó a Cacique a medios de la región.
Carrera informó que habló sobre el tema con el ministro panameño de Seguridad, José Raúl Mulino, y acusó al presidente de "prepotente y de no escuchar al pueblo".
Carrera, quien representa comunidades en las que viven unas 258.000 personas, se refirió al tema tras condenar la represión, por parte de las autoridades a los indígenas que mantienen cerrado el tránsito en la carretera Interamericana, que comunica a Panamá con Costa Rica.
Según los indígenas, el gobierno no respetó el texto del proyecto de un acuerdo que firmó en febrero del año pasado en San Félix con los indígenas, para dejar libre de hidroeléctricas y proyectos mineros a la Comarca.
La Cacique General rechazó acusaciones gubernamentales y explicó que los indígenas demandan el respeto a sus derechos, "porque se está hablando de la Madre Tierra", y aseguró que los indígenas no son violentos.
Añadió que se les ha atropellado e impedido inclusive la posibilidad de comunicarse por teléfono celular con sus bases, en medio de las protestas.
La Coordinadora por la Defensa de los derechos Indígenas hizo un llamado al pueblo panameño a protestar en las calles, a exigir el cese inmediato de la represión.
Entre tanto, este domingo, la portavoz indígena Omaira Silvera dijo a la cadena RPC Radio que durante el despeje de la vía internacional los policía antimotines "usaron balas, perdigones", y provocaron un número no determinado de "heridos, detenidos y muertos".
Medios locales mostraron imágenes de la Policía lanzando bombas lacrimógenas contra los manifestantes, que mantenían barricadas con rocas, neumáticos incendiados, troncos y latones.
Por otra parte, la defensora del Pueblo de Panamá, Patria Portugal, denunció esta tarde que fue víctima de una agresión policial en el Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David, provincia de Chiriquí.
Portugal señaló que sufrió la agresión en el aeropuerto, tras cuestionar que agentes policiales habían atado las manos de menores de edad y embarazadas indígenas que habían sido retenidos y que se encontraban dentro de un autobús en el que serían transportados.
En declaraciones a TVN Noticias la defensora del Pueblo sostuvo que el agente de la Policía Nacional la agarró por el brazo y la jaló. "Me estrelló contra el asiento del autobús".
Sin embargo, Portugal no explicó de dónde provenían esas personas ni por qué se encontraban en ese autobús en el aeropuerto de David, precisando que "¿cómo es posible que la Defensora del Pueblo viene a mediar y un Mayor mal manejado me golpea, a la Defensora".
Portugal dio cuenta que visitará los hospitales de las comarcas en conflicto para ver la condición de los heridos.
Desde Bocas del Toro, en el Caribe panameño se informó que indígenas han cerrado la carretera que conduce hacia Costa Rica y hacia el interior del país en defensa de sus derechos.
Condenan represión
La Asamblea Ciudadana condenó este domingo "la intransigencia del gobierno Nacional, de no cumplir con la palabra empeñada por el presidente de la Republica, en los acuerdos de San Félix del 2011".
El mayoritario grupo de la sociedad civil, en un comunicado, pidió a Martinelli que acuda al llamado y el deber de escuchar a la Coordinadora, su pueblo y su cacique General Silvia Carrera, cese las medidas represivas, de sometimiento y la violencia contra el pueblo Ngöbe Buglé.
De acuerdo con el Diario La Estrella, el Movimiento Democracia, Justicia y Libertad, que coordina la abogada y activista de Derechos Humanos, Idalia Martínez, rechaza de la manera más enérgica la represión y ataque contra el derecho a la vida, por parte del gobierno nacional, contra los hermanos Ngöbe Buglé, uno de los pueblos originarios de la República de Panamá.
Por su lado, el opositor Partido Panameñista lamentó profundamente la muerte de Jerónimo Rodríguez (Montezuma), y el dolor de sus familiares.
Ese partido también condenó de forma enérgica "la manera como el Gobierno Nacional le ha hecho frente al conflicto indígena en la provincia de Chiriquí y en la Comarca Ngöbe Buglé".
El comunicado, firmado por el vicepresidente panameño Juan Carlos Varela, presidente del Panameñista, reiteró el llamado al diálogo, a ceder posiciones y a reconocer los derechos de los pueblos originarios.
El Partido Popular (PP) también expresó rechazo a "la represión por la policía bajo órdenes del presidente Martinelli y el ministro Mulino" y la renuncia de los ministros Mulino, Ricardo Quijano y Jimmy Papadimitriu.
"Exigimos que para enderezar el mal rumbo que lleva el gobierno, y en pro de la defensa de la institucionalidad democrática, la renuncia de todos los ministros que han mentido", exigió el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mayor partido de oposición en Panamá.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del PRD, consideró que lo que está ocurriendo "es responsabilidad exclusiva del presidente de la República que sin ninguna credibilidad, busca en la confrontación y en la violencia, ocultar su incapacidad para generar un diálogo responsable y participativo, que hubiese evitado el actual derramamiento de sangre de humildes pobladores indígenas que lo único que hacían era defender los derechos inalienables del pueblo".
Agrega que las declaraciones del ministro de Seguridad acusando a prelados de la iglesia Católica, que actuaban como mediadores, de fomentar la confrontación, así como las declaraciones de Martinelli, reiteradas por el ministro Mulino, de que los indígenas habían “secuestrado” a centenares de extranjeros y que habían saboteado las comunicaciones por celular, "son una muestra del empleo de tácticas fascista al más puro estilo gobeliano".
Igualmente, el Sector Jurídico del Frente Profesionales del PRD, en un comunicado por separado, dijo que deben presentarse las denuncias penales correspondientes contra las autoridades que dieron las órdenes para la represión y contra las empresas que se prestaron para el corte de las telecomunicaciones por su complicidad; y por el homicidio del señor Jerónimo Rodríguez Tugri por parte de la Policía Nacional.
El sábado, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) pedía al Gobierno Nacional a no usar la fuerza, al contrario a ceder al diálogo y la razón. Incluso, exhortaba a evitar a toda costa el derramamiento de sangre de panameños.
------------------------------SOLIDARIDAD CON LOS LUCHADORES PANAMEÑOS.
El Partido Vanguardia Popular se solidariza con los pueblos originarios de Panamá que están librando una lucha absolutamente justa en defensa de su territorio y de su cultura ancestral.
Han pasado más de quinientos años de opresión contra quienes con justa razón defienden lo que les ha sido usurpado. Se trata de un asunto de derechos humanos. La represión es una brutal y criminal agresión contra pueblo que aspira a que se respeten sus derechos y a vivir conforme los dictados de su propia idiosincrasia.
Llamamos a todo el pueblo a manifestar su solidaridad con los luchares panameños. Solicitamos la solidaridad de las comunidades indígenas de nuestro país, de los sindicatos y todas las organizaciones sociales.
PARTIDO VANGUARDIA POPULAR
En Panamá las cosas están color de hormiga
En Panamá, los hechos acaecidos hoy muestran fehacientemente cómo las fuerzas de derecha, siempre represivas, son capaces de maltratar a sus pueblos. No hay nada, absolutamente nada, que las justifique.
Se han violado, entre otros, el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal para los detenidos, al debido proceso al no poner a la orden de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley. Han violado los principios básicos de protección a los menores de edad y han limitado la libertad de prensa, tal y como lo han denunciado las organizaciones locales en Panamá. Es evidente, por los testimonios recolectados en el terreno y por las informaciones de los medios de comunicación nacionales, que ha habido uso excesivo de la fuerza y arbitrariedad por parte de los agentes de la Policía Nacional.
Al FNL le preocupa, especialmente, la criminalización de la lucha social y el establecimiento, de facto, de un “estado de excepción” en las zonas de protesta.
Ante ello, queremos invitar al pueblo guatemalteco a que se pronuncie y diga que “NO” ante semejantes actos. Para ese propósito, estamos convocando el próximo Miércoles 8, a las 8 a.m., 12 Calle, 2-65, Zona 14, ante la Embajada de Panamá, para que allí hagamos expresión de nuestra protesta solidaria.
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