Argentina: Aquí están, estos son. Los diputados que votaron a favor de la “Ley Antiterrorista”

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

untitled.jpg

 

Para evitar las memorias frágiles.

 

 

 

Gobernar es criminalizar

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Parafraseando a Juan Bautista Alberdi, el Gobierno Nacional se dispone a instalar el paradigma de la criminalización de la protesta social mediante una modificación al Código Penal, conocida como Nueva Ley Antiterrorista, tras haber incorporado la figura de la asociación ilícita terrorista, en el Art. 213 ter y de su financiación, en el Art. 213 quater del mencionado cuerpo legal, en sendas modificaciones realizadas en 2005 y 2007.

Tras la decisión política de alinearse con el G20, implementando los mandatos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, una vez más vuelve a redefinirse el antiterrorismo como herramienta para la criminalización de quienes hoy ejercen su derecho a reclamar ante las autoridades, de acuerdo al Art. 14 de nuestra Constitución Nacional, como producto de las políticas estatales en materia socio - económica y de los caprichos empresariales en este "capitalismo en serio", el cual no deja de serlo y que sigue matando con la megaminería, los agrotóxicos y las patotas.

Sin dudas, se trata de la construcción de un paradigma jurídico que propone calificar de terrorismo a todo aquel reclamo social efectuado por la ciudadanía y cuyos efectos políticos son indudables, por cuanto se anticipan a la previsible oleada de reclamos sociales y laborales que se avecinan.

Con más de 5.000 luchadores procesados por luchar; 16 muertos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, según la Presentación 2011 de CORREPI y la tercerización de la represión, a manos de patotas sindicales, se advierte el doble discurso oficial sobre los Derechos Humanos.

Cabe recordar que el actual Senador Nacional Aníbal Fernández, cuando era Ministro del Interior del extinto ex - Presidente, en audiencia concedida a José "Pepino" Fernández, de la UTD Mosconi de Salta, que lo iba a perseguir con el Código Penal. Estamos hablando del año 2004 y sería el principio de la estrategia kirchnerista para el control social.

Las premisas enunciadas por la Presidenta de la Nación durante su discurso ante la Asamblea Legislativa referidas a la reafirmación del "modelo", que actualmente se basa en la megaminería y en la sojización de la economía, junto a la calificación del derecho de huelga, como un derecho que "no (es) de chantaje ni de extorsión" constituyendo una clara amenaza a las y los trabajadores, y la reafirmación del neoliberalismo educativo, a través del concepto de "calidad" y ahora, de la "evaluación docente" permiten afirmar un nuevo giro a la derecha, basándose en un amplio colchón electoral.

Sin embargo, la legitimidad obtenida puede diluirse en poco tiempo. Lo cierto es que, teniendo en cuenta el actual contexto internacional, la economía nacional ha de sufrir sacudones que el pueblo sentirá a partir del año próximo. De allí, la necesidad de contar con un instrumento jurídico para el control social como el que se propone.

No obstante, el proyecto fue criticado desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y por Horacio González, Director de la Biblioteca Nacional; ambos, de clara filiación kirchnerista.

Lo jurídico

Más allá de la salvaguarda introducida en el proyecto, con respecto al ejercicio de los derechos constitucionales, que constituye un mero "maquillaje" con respecto a las verdaderas intenciones de la reforma al Código Penal, puede advertirse la indefinición acerca del terrorismo.

¿Qué es terrorismo?. Es la pregunta que se formula en cada declaración de los organismos de Derechos Humanos y de las
organizaciones sociales. "Aterrorizar a la población" es un concepto que, en términos jurídicos, resulta ser lo que se llama "difuso". Resulta tan amplio y vago, que puede ser interpretado de distinta forma por la Justicia Federal que, como se sabe, responde al Gobierno Nacional en su gran mayoría.

Y aquí aparece la otra gran problemática. La calificación de un hecho, o varios, como terrorista, conllevará la inmediata detención de quienes fueron acusados por éste, los que deberán demostrar que se efectuó en el ejercicio de un derecho constitucional. Vale decir, se invierte la carga de la prueba. Con jueces que suelen sintonizar con los intereses oficialistas; algunos de ellos, con origen dictatorial, la aplicación de la norma a sancionarse puede llevar a la violación sistemática de Derechos Humanos debido a la errónea interpretación judicial.

Al ser penas superiores a 3 años, por los agravantes que se pretenden introducir, no es posible la excarcelación y en consecuencia, pasarán años para que las y los acusados queden en libertad.

Si bien se establece la competencia de la Justicia Federal, nada impide que una causa promovida por los gobiernos provinciales pueda ser derivada a ella. No va a ser la primera vez, ni la última por cierto, que un expediente judicial sea objeto de una controversia por la competencia sobre su tratamiento.

Lo político

Indudablemente, la reforma que se promueve pretende asegurar el disciplinamiento social. La misma Presidenta y sus Ministros vienen sosteniendo que, como existe una clara política social favorable a los intereses populares, no hay razón para la protesta. Craso error. Todavía existen problemáticas que no han sido solucionadas, tales como el desempleo de los mayores de 40 años; la precarización laboral, existente tanto en el Estado como en el sector privado, entre contratos de locación de servicios y el empleo en negro; la falta de vivienda y de tierra, que llevó a las muertes en el Indoamericano y en Ledesma (Jujuy), al igual que la muerte de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero, afectando la vida de colectivos sociales sumergidos como los pueblos originarios y los campesinos y la ausencia de una verdadera política de Estado en materia de Discapacidad, donde las omisiones son gravísimas y que afectan desde el derecho al transporte, pese a la creación del Centro de Reservas de Pasajes; pasando por el derecho al trabajo, debido al incumplimiento del cupo laboral del 4 % en la Administración Pública Nacional, el que se pretende transferir a las empresas de servicios públicos privatizadas, al derecho a la salud y a la educación, donde son evidentes los incumplimientos del Estado y de entes obligados a la prestación de servicios socio - sanitarios, como las obras sociales.

Parece ser que gobernar es criminalizar, bajo la excusa de la gestión de un gobierno nacional y popular que no merece reproches ni protestas. Es la premisa que se quiere imponer a toda costa, con los habituales levantamanos en el Congreso Nacional. Cualquier semejanza con el menemismo no es casualidad, sino causalidad. Resulta harto visible que se pretende profundizar el control social, cuando los conflictos sociales vienen en aumento.

La aparición de listas negras en Famatina, Provincia de La Rioja, es un síntoma que no conviene perder de vista. Una típica operación de inteligencia como en la época de la dictadura que puede llevar a la criminalización de las y los vecinos por oponerse a la megaminería. Ni hablar de los conflictos docentes, los cuales son pasibles de ser criminalizados ante el menor atisbo de paros en reclamo de sus derechos. En suma, porque hay más colectivos comprendidos, se trata de ampliar la dominación para gobernar.

Lo que se viene

Desde 1983, no se había visto una avanzada similar contra los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, el avance de esta reforma coincide con el recuerdo del 19 y 20 de diciembre de 2001. Evidentemente, el Gobierno Nacional teme a esos fantasmas y por ello, decidió impulsar esta reforma que arrasa con el Art. 14 de la Constitución Nacional.

Parece ser que no escuchan. Hasta han calificado a las corridas bancarias como "terrorismo". ¿Harán la misma calificación para los conflictos que se avecinan?

Al igual que durante el menemismo, el capricho oficial se impone. No le importan los derechos, tan sólo gobernar a su libre albedrío. Algo que no se condice con su autoproclamación de "gobierno de los Derechos Humanos". Ocurre que ahora se sincera: defiende los Derechos Humanos de las empresas mineras, de la sojización, de la UIA y de los empresarios inescrupulosos que siguen explotando a las y los trabajadores.

El pueblo, bien gracias... Que siga esperando... Pero cuidado, que él hará tronar el escarmiento al igual que en el 2001 por más que quieran eludir esos fantasmas...

Comentar este post