“El presidente de Honduras es Micheletti”

Un defensor de los derechos humanos en Honduras, exiliado tras sufrir un atentado, cuenta la situación en que se encuentra su país.

Por Fernando de Dios

Foto: Luis Velásquez

SAN SALVADOR – Ser defensor de los derechos humanos en Honduras es a día de hoy una tarea que acarrea peligro inminente de muerte.

Los sabe de primera mano Alexander Salgado, mienbro del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), que ha estado denunciando abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en la zona del Bajo Aguán, donde en los dos últimos años han sido asesinados 47 campesinos.

Salgado cuenta que en esa zona rural del departamento de Colón, al norte de Honduras, fue atacado junto a otras personas por militares que les tendieron una emboscada y les dispararon con fusiles de guerra.

Rápidamente lograron escapar y esconderse, pero los atacantes les dieron por muertos y no verificaron que su misión había sido consumada.

Desde entonces, el activista salió de la escena pública y se mantuvo escondido en varios puntos de Honduras. Desde Tegucigalpa, finalmente, salió hacia El Salvador, donde espera para ir hacia algún país de Europa.

Este exiliado político hondureño hace un análisis de lo que está ocurriendo en su país, una realidad silenciada que presenta abusos gravísimos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad, el Ejército y la policía, junto a agentes privados de los terratenientes.

Pero no solo los campesinos sufren violaciones de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida. La libertad de expresión y de manifestación están seriamente restringidas en Honduras.

Recientemente, tras el asesinato de una periodista del diario La Tribuna, una manifestación de periodistas en protesta contra la impunidad fue duramente reprimida por la policía hondureña en Tegucigalpa.

La reportera constituye el número 19 en la lista de periodistas asesinados en Honduras desde el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Ni uno solo de los casos ha sido esclarecido. La mayoría de ellos trabajaban en medios críticos con el golpe y el régimen resultante del mismo.

También desde el golpe han sido asesinados numerosos miembros de la oposción política al golpe y defensores de derechos humanos. Según han señalado varios organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Estado hondureño está amparando a los asesinos y está permitiendo que estos delitos sigan impunes.

La directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Maria Silvia Guillén, comparó este miércoles la situación actual en Honduras con la que se vivió en El Salvador en los años previos al conflicto armado.

Lamentó también que desde que se celebraron las elecciones de las que resultó el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa, y regresó al país Manuel Zelaya, la comunidad internacional ha decidido que en Honduras todo está bien y ha apartado la mirada de la situación que vive el país.

Alexander Salgado constata que la vida en Honduras es hoy mucho más difícil que hace dos años y medio. También que el Estado está al servicio de intereses privados y que la impunidad es la principal característica que preside hoy el país.

¿Cuál es su situación personal actual?

La situación en la que yo me encuentro aquí en El Salvador es en calidad de exiliado por un tiempo. Luego está previsto salir para un país de Europa que todavía no está  definido.

La situación en Honduras por mi traslado es por una persecución y un atentado que yo tuve, por las denuncias que hemos hecho en contra del señor Miguel Facussé, en contra de don Eric Rivera, en contra de René Morales y Reinaldo Canales, un nicaragüense y un salvadoreño, que son los terratenientes con los cuales están luchando los campesino para la recuperación de la tierra en la zona del Bajo Aguán, donde estoy yo.

¿En el Bajo Aguán, hasta ahora, cuántos campesinos han sido asesinados?

En el informe que se presentó  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una cifra de 47 campesinos asesinados brutalmente, unos que han sido decapitados, otros en enfrentamientos en desalojos. Eso en campesinos adultos.

Hay un detalle de menores de edad, en una cifra que no manejo actualmente, hijos de campesinos que han sido torturados y que se les han violentado sus derechos. El caso más conocido internacionalmente es el de Bernabé, un niño de 12 años al que el Ejército hondureño, la policía y los guardias privados le han incinerado con gasolina; le han querido quemar vivo por el hecho de ser hijo de un campesino.

Esa es la mayor denuncia que se ha interpuesto ante la comunidad internacional, las violaciones a los menores de edad, que UNICEF lo conoce, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, los organismos de la OEA y la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos).

Entonces, por lo que usted dice, en el Bajo Aguán lo que hay es una lucha por la tierra en la que el Estado aplica métodos de represión a favor de los terratenientes.

En Honduras vivimos un estado de ingobernabilidad, en un estado total de impunidad y de represión. No es que el Estado esté de acuerdo con un cierto sector empresarial del país, sino que en Honduras nuestro presidente, nuestro gobierno, también es de la oligarquía hondureña, de la oligarquía criolla y de la oligarquía que ha llegado de otros países.

Ellos tienen intereses propios. En el caso del Aguán han decidido llegar a un acuerdo el Insitituto Nacional Agrario con los campesinos, pero se ha favorecido a cierto sector campesino.

El Aguán se divide en dos zonas. El Aguán es un río, en el departamento de Colón. El Aguán pasa por el medio de todo el departamento. Está la margen derecha y la margen izquierda del río. La margen derecha llegó a un acuerdo con el gobierno el año pasado y la margen izquierda es la que está  sufriendo los grandes problemas y las atrocidades que están pasando ahorita.

El gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que se hace llamar el gobierno del humanismo cristiano, está favoreciendo y respaldando  toda esta política neoliberal, toda esta política de estado de impunidad que está implementando Miguel Facussé.

Tenemos una tercera militarización en el Bajo Aguán; por parte de la Fuerza Armada hondureña, de la policía hondureña, y una tercera parte del Ejército nortemericano, que está en Honduras con cinco bases militares.

Es interesante, porque oficialmente hay dos bases militares estadounidenses en Honduras, pero dice usted que hay otras tres más.

Hay dos bases oficiales que son la Base de Palmerola, que está en Comayagua, y la Base del Cabo de Gracias a Dios, en la frontera con Nicaragua. Hay una tercera base, que nosotros los hondureños la conocemos, sabemos que está ahí, que es la base que está en la isla de Roatán, una isla riquísima que la han declarado Patrimonio de la Humanidad. La otra es la que está en el departamento de Colón, en Puerto Castillo. Y la otra es la que tenemos en Amapala, aquí cerca de El Salvador, que es donde también están peleando campesinos por la recuperación de la tierra, en la península de Zacate Grande, con el mismo terrateniente, Miguel Facussé.

Una acotación; Miguel Facussé  es tío de un ex presidente de Honduras. Entonces, llegan a acuerdos para intercambiarse favores y por eso es que el gobierno está  a favor de estos terratenientes y en contra del campesinado hondureño.

¿El gobierno actual es una parte central o es un coadyuvante de otros poderes? Se lo pregunto porque fue el Ejército junto a sectores políticos, judiciales y económicos, los que perpetraron el golpe de Estado, pero Porfirio Lobo no estaba en esa plataforma.

Los tres poderes del Estado hondureño, según nuestra Constitución,  son autónomos. Como has dicho, Lobo Sosa, cuando se da el golpe, no estaba en esa plataforma. Ante la comunidad internacional el presidente de Honduras se llama Porfirio Lobo Sosa, pero en Honduras siguen gobernando los militares; en Honduras el presidente sigue siendo Roberto Micheletti.

Entonces es Micheletti quien sigue manejando el país.

Lo ha dicho la Comisión de la Verdad en su informe, que Romeo Vásquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto en Honduras, tenía que estar dentro del gobierno de Lobo Sosa, y lo tenemos como director de HONDUTEL. Tenemos a uno en Marina Mercante, en Migración y Extranjería, en el Ministerio de Seguridad y un montón de sitios del gobierno que están los militares. No es el gobierno de Lobo Sosa el que gobierna.

Además, el Poder Judicial, respecto a toda esta problemática, le ha dado sobreseimiento definitivo a toda la Junta Militar; que en Honduras no pasó nada. Y todos los muertos que ha habido, todas las violaciones a derechos humanos, a los derechos de los niños, de la juventud, de personas de la tercera edad, derecho a la vida, que han sido violentados y todo eso está arreglado.

Por otra parte, el poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional en Honduras, los diputados, dicen le vamos a dar potestad a las Fuerzas Armadas de Honduras para que ejecuten órdenes de allanamiento como lo hace la Policía Nacional. Se le está  dando una mayor fuerza a esta gente, que son las Fuerzas Armadas.

¿Ustedes tienen pruebas de que el Ejército y la policía son culpables de asesinatos en el Bajo Aguán?

Es que no lo digo yo, lo dice la comunidad internacional y lo dicen las personas que lo han vivido, se ha comprobado. He vivido la experiencia de ir al Mozote y nadie había dicho que las balas con que asesinaron a esa gente eran procedentes de Estados Unidos, armamento grigo. Que el Ejército salvadoreño fue entrenado en la Escuela de las Américas. En Honduras ya tenemos la Escuela de las Américas, tenemos a paramilitares estadounidenses que están entrenando al Ejército hondureño para hacer estas atrocidades que en los años 70 y 80 hicieron aquí en El Salvador.

Tenemos un caso bien conocido, en Honduras sigue operando el comando 3:16, que en los años 80 hicieron desapariciones forzadas.

¿Qué se puede esperar del futuro inmediato en Honduras?

En Honduras vamos a vivir un cambio cuando se logre vencer la impunidad. Y mientras las cosas sigan impunes, en Honduras no va a dejar de existir el movimiento social, el movimiento popular, que no va a dejar de salir a la calle denunciando, repudiando todas las atrocidades. Ya puede ser el gobierno que venga.

Ahorita se pretende llegar al poder con Xiomara (de Castro) la esposa de (Manuel) Zelaya, con un partido que se llama LIBRE, Libertad y Refundación, que es el que pensamos que nos puede sacar de este fango en el que se encuentra el Estado. Pero si cambian de opinión ellos ya estando en el poder, también ahí  vamos a estar nosotros repudiando todas las actuaciones que ellos hagan.