Guatemala: denuncian a compañía minera por desplazar a comunidades de Izabal

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Alberto Arce

Si Miguel Ángel Asturias lanzaba su “Esparcid el verde y amarillo” del maíz como sinónimo de riqueza y bienestar, los queqchíes de 15 comunidades cercanas a El Estor, habitantes de la tierra roja del níquel de Izabal, no sólo se mantienen atrapados en su endémica pobreza, luchando por defender un puñado de manzanas de Maíz. Viven, también, prácticamente encerrados por los guardias de la Compañía Guatemalteca de Minas (CGN).

Quizás, si nadie lo evita antes, el próximo desalojo será el que traiga consigo un “esparcid la riqueza de la tierra roja” que ellos no disfrutarán. Como no lo disfrutará tampoco Guatemala. Una empresa, la CGN, subsidiaria primero de empresas canadienses (Skye Resources y Hudway) y ahora de una empresa rusa (Solway) se quedará con una de las mayores reservas de níquel de mundo y los queqchíes, una vez más, perderán sus tierras.

El Proyecto Fénix

Trasunto del mítico pájaro que renace de sus cenizas, el proyecto minero en cuestión se llama Proyecto Fénix. Un proyecto que, como el mítico ave, se anuncia para detenerse, renacer y volverse a detener.

En 1977 la Compañía, como la nombran quienes viven en la linde de sus tierras -nótese el sustantivo mayestático de las Compañías de la toda la vida, construyó la planta de Níquel de El Estor. Desembolsó entonces por ella 238 millones de dólares. Apenas cuatro años más tarde, en 1981, la cerró. El precio del mineral no hacía rentable su exploración.

En 2004, tras 24 años de inactividad, y mientras el gobierno de Oscar Berger renunciaba durante toda su legislatura a hacer efectiva la opción de compra de acciones y participación por parte del Estado en el proyecto, paralizado, la compañía canadiense Skye Resources compró el Proyecto Fénix. Con él, la Compañía Guatemalteca de Níquel tiene licencia para explorar y explotar 248 km2 de terreno pertenecientes a la provincia de Izabal.

El gobierno de Berger no sólo no ejecutó su opción sobre la compañía, tuvo algunos detalles más para con sus propietarios. Skye Resources ubicó su sede en las Islas Vírgenes, un paraíso fiscal del Caribe, beneficiándose de una importante exención de impuestos —no pagan IVA— y una modificación de regalías (tasa que la empresa le paga al estado por la explotación de un recurso natural) muy ventajosa. Guatemala cobraría solamente el 1% de los beneficios resultantes.

Por ubicar esta decisión en su contexto, la tasa media de regalías mineras en Canadá, país de origen de las empresas que trabajan en Izabal, es del 12%. Para nada son las más altas. Una comparativa realizada por el profesor J. Otto en 2002 muestra tasas de regalías que van desde el 26% que aplica Suecia hasta el 63% de la provincia canadiense de Ontario.

Cuatro años más tarde, ya en 2008, la empresa Hudway, canadiense, la compró por 396 millones. Que a su vez, el pasado 5 de agosto, anunciaba la venta del Proyecto Fénix a la empresa rusa Solway por 170 millones de dólares tras haber realizado, según informan, una inversión en el mismo de 212 millones.

Compañía Guatemalteca de Minas, Skye Resources, Hudway y ahora Solway. Cuatro propietarios en 34 años para un área de 248 km2 registrado a efectos impositivos en 5,8 millones de dólares (Impuesto único sobre inmuebles) y que se vende por cantidades que oscilan entre los 238 y 170 millones de dólares sin haber entrado nunca en funcionamiento.

Según el Anuario estadístico minero guatemalteco de la Dirección general de Minas, la producción de níquel en el año 2010 es inexistente. Cero. Igual que en 2009. Y así hasta el 2006. El país no ha exportado ni un gramo de níquel en los últimos cinco años. Quizás que el precio del Níquel se encuentre prácticamente triplicado en la actualidad respecto de sus precios a comienzos del 2009 tenga algo que ver con la nueva venta.

Pero para eso, es necesario solucionar antes la controversia sobre propiedad de la tierra. Sobre el níquel, viven personas a las que es necesario desalojar para proceder a la explotación minera.

La Comunidad de Las Nubes

A mediados de 1999, cuando el proyecto llevaba ya 19 años paralizado por falta de rendimiento económico, un grupo de familias quechíes provenientes de El Estor fundaron la Comunidad Las Nubes. Emprendieron camino montaña arriba, regresando a sus orígenes, a la tierra roja de las montañas. Más específicamente “buscando comida” según explica Marcos, secretario del COCODE (Consejo Comunitario de Desarrollo) local. “En el Estor, el que vive sin tierra ni dinero, pasa hambre. Aquí, por lo menos, podemos plantar maíz”. En pequeñas cantidades, “quien más tiene, no llega a 5 manzanas de cereal”.

No fue fácil llegar a Marcos. Aunque teníamos ganas de conocerle, la Compañía Guatemalteca de Minas hace lo que puede para evitar que los habitantes de Las Nubes reciban visitas. “Somos prácticamente prisioneros de La Compañía, pidiendo permisos, con el paso a la comunidad cerrado cuando ellos deciden, teniendo que acceder siempre por caminos traseros, intransitables, peligrosos, que se cierran cuando llueve y nos dejan encerrados”.

El hostigamiento, según Marcos, no termina aquí. “Nos sacan fotos, nos denuncian continuamente y nos acusan de invasión. Nos crean muchos problemas”. Efectivamente, según fuentes de la Compañía Guatemalteca de Minas, la que pretende extraer el níquel de las tierras rojas de los queqchíes, existen nada menos que 2100 denuncias interpuestas por la empresa contra los habitantes de las comunidades. A los que denomina “depredadores”. Casi todas son por robo de madera. Podemos corroborarlo. Hemos visto a varios hombres en bicicleta cargando con hatillos de leña a la espalda. Con esa leña se cocina y se da calor por las noches.

Las nubes es sólo la más cercana de las 15 comunidades queqchíes de la zona. Aquella a la que se puede llegar en pick up tras casi una hora de ascensión. Al resto sólo se puede acceder tras caminatas de varias horas. Las Nubes se sitúa, según los mapas de la compañía, directamente sobre los mantos 1 y 2 de níquel. Y su propiedad depende de la información del Registro de Información Catastral, una información que debe ser validada por la justicia. Según un informe elaborado por la Embajada Noruega en 2008, “cada vez que el RIC encuentra una discrepancia sobre el terreno, éste se queda sin registrar, esperando una decisión judicial que raramente ocurre”.

Así es como cada parte implicada, campesinos y compañías, continúa anclada en la controversia. Mientras, según los campesinos de Las Nubes, se le reclama al Fondo de Tierras la inscripción de los lotes que trabajan, sólo reciben el silencio por respuesta. No es extraño. “Los propietarios a gran escala aceptan el statu quo porque su propiedad se cuestionaría si se investigase como se adquirió, entrando en cuestiones morales más profundas” según la versión del informe encargado por la Embajada noruega.

En una improvisada reunión, ya en la Comunidad, tras explicarnos las lamentables condiciones en las que se vive sin el más mínimo servicio básico y con problemas alimenticios que no le son extraños a cualquier que conozca el problema de la “hambruna verde” que azota Guatemala, Marcos y sus compañeros ratifican la versión tanto del informe noruego como del realizado por el RIC. “Las familias se establecieron en el lugar que conocemos como La Brecha que, de ninguna manera la ha pertenecido nunca a nadie diferente del estado guatemalteco. Posteriormente fuimos plantando algunas manzanas de maíz siguiendo el río. Necesitábamos agua. Ahí surgió el conflicto”.

La comunidad se encuentra en tierras que aparecen registradas a nombre del Estado. Que dependen del Fondo de Tierras. A partir de aquí, la realidad del país se impone. “Los técnicos enviados por la empresa mueven los lindes a su gusto. Pagan ingenieros, modifican planos, imponen sus puntos de vista y generan la confusión”, explica Marcos. Su explicación es tan simple como convincente “la tierra no es hule, no se mueve ni se estira, nosotros llegamos aquí por un acuerdo con el Fondo de Tierras y ahora viene alguien, pone el dinero encima de la mesa y lo modifica, dejándonos indefensos”.

Los informes del RIC añaden un concepto técnico que corrobora la explicación del campesino. “Excesos de registro”. Esto es, fincas que aparecen registradas en una superficie que supera hasta en un 36% su extensión física real. Folios de inscripción desparecidos de los libros registrales, fincas con propiedades duplicadas, o fincas cuyos mapas en controversia tienen miles de metros de distancia entre sí.

Uno de los conceptos más interesantes que se descubren es el de “diferencia entre la ubicación física y la ubicación registral”. Lo que Juan Tzub de AEPDI denomina irónicamente “que la tierra se moviese para que los mapas se adaptasen al níquel”. Desplazar la tierra de lugar hasta conseguir que se adapte a un mapa no es algo que el dinero, en Guatemala, no pueda pagar.

 

La radio del sur

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