Lucha mapuche continúa: Corte Suprema no acogió recurso de nulidad
La máxima instancia jurídica no absolvió a los cuatros comuneros mapuche, que están en huelga de hambre hace 81 días, sólo emitió una condena de remplazo. En total, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical deberán cumplir 8 años y un día de cárcel, y Héctor Llaitul, 14 años y un día.
Este viernes 3 de junio a las 13:00 horas, la Corte Suprema emitió su veredicto sobre la solicitud de nulidad del juicio realizado en el Tribunal de Cañete, que condenó a los cuatro comuneros mapuches a 20 y 25 de cárcel por el ataque al fiscal Mario Elgueta, ocurrido durante el año 2008.
Cuando los comuneros mapuche llevan 81 días de ayuno, el recurso de nulidad presentado por la defensa de los acusados fue acogido parcialmente por la máxima instancia. Los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, y Hugo Dolmestch dieron a conocer la condena de remplazo señalada.
Jonathan Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical fueron condenados a una pena de tres años y un día de cárcel. Héctor Llaitul, fue sentenciado a cuatro años de presidio por la “responsabilidad de autores de los delitos reiterados de lesiones graves inferiores a funcionarios policiales y menos graves causadas al fiscal Mario Elgueta”, según anunciaron los ministros, quienes denegaron la condena por intento de homicidio.
Pero además de este reemplazo de sentencia, todos deberán cumplir la condena de 5 y 10 años por delito de robo con intimidación en contra del agricultor José Santos Jorquera, acusación que la Corte no anuló.
En consecuencia, Huenuche, Llanquileo, Huillical deberán cumplir 8 años y un día de cárcel y Llaitul, 14 años y un día. Debido a que no se acogió en su totalidad el pedido de la Defensa de los mapuche, la Corte Suprema no concedió la realización de un nuevo juicio y con ello legitimó los recursos que utiliza la ley antiterrorista, entre los que se cuenta el uso de testigos protegidos.
Natividad Llanquileo, vocera de los condenados, dijo a la salida del Tribunal que los comuneros “están bien moralmente y conscientes de lo que está pasando y decidieron seguir con el huelga, ya que no se acogió la nulidad” del juicio, que consideran viciado y que no garantizó el debido proceso.
Según la radio Bío Bío, el director del Servicio de Salud de La Araucanía Norte, Enrique Russell, confirmó que se interpondrá un recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco en pos de que los comuneros se alimenten. Aunque ellos han declarado que se resistirán a esa medida.
SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES
Delante de los tribunales de justicia de Santiago, varias decenas de personas se concentraron esta mañana desde la 11:00 de la mañana para dar su apoyo a los presos políticos mapuches mediante consignas, mientras esperaban el veredicto.
Había familiares de los cuatro comuneros presentes. Florinda Carrillanca, madre de Héctor Llaitul, expresó su preocupación por el estado de salud deteriorado de todos los presos.
Y añadió que reclaman “que los latifundistas no sigan abusando. Ellos están presos por estas razones, les han condenado como si fueran delincuentes pero sólo reclaman sus derechos”.
Raúl Mulican, mapuche radicado en Santiago, recalcó el deber que tienen los mapuche de apoyarse estén donde estén. “Esto es la lucha de un pueblo que va mas allá de un tema de pobreza, como lo quiere poner el Gobierno, la lucha es por el territorio, pero también por el derecho de existir como pueblo, hablar nuestra idioma -el mapudungun-, tener nuestra propia religiosidad”, justificó.
Otros ciudadanos y ciudadanas también formaron parte del grupo en apoyo a los comuneros. Julia, estudiante de artes, destacó la indolencia del Gobierno y las injusticias padecidas por este pueblo originario.
Fabián, también estudiante, por su parte recalcó que “fueron condenados injustamente con base de los testigos encubiertos, a los cuales no se les puede preguntar nada, y no sabemos si son realmente testigos o si hay intereses financieros detrás de ellos”.
“Es importante manifestar mi apoyo porque la nación Mapuche es parte del origen de todo el pueblo chileno. Además hay que oponerse a la injusta Ley Antiterrorista (LAT)”, agregó el joven.
Mientras se dictaba la sentencia, personas que quedaron fuera de la Corte Suprema, siguieron gritando su apoyo y reivindicando la abolición de la LAT.
LAS CONTRADICCIONES DEL VEREDICTO
Según Pablo Ortega, abogado defensor de Héctor Lalitul, “la única prueba en contra [de los mapuche] fue la de un testigo secreto, instrumento de la LAT. Además, la sentencia abre una lista bastante compleja, porque estas mismas personas y por estos mismos hechos fueron absueltos por la Justicia Militar. Vamos a pedir a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la eventual contradicción entre estas dos sentencias”, insistió.
Adolfo Montiel, defensor de Ramón Llanquileo, también comentó esta paradoja y agregó que los jueces “están equivocados en la participación [de los cuatro mapuches en el atentado al fiscal] ya que fue acreditada por testigos protegidos”.
El defensor regional del Bío-Bío, Giorgio Schuber, pretende presentar un recurso de amparo para revertir la determinación de la Corte Suprema, según indicó la radio Bío Bío.
La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) adelantó que se recurrirá a instancias internacionales de Derecho, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por Mélissa Quillier
Fotografías: Mauricio Díaz
El Ciudadano
Mapuches: Demandas históricas y contemporáneas de un pueblo en lucha
Mientras Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical cumplen, al día del veredicto de la Corte Suprema sobre la nulidad de su juicio, 81 días de huelga de hambre; el pueblo mapuche sigue luchando por sus derechos. Sus demandas atañen tanto a una lucha histórica por la recuperación de territorios ancestrales, todavía en peligro debido a proyectos de infraestructura energética y económicos, como a demandas políticas y culturales.
Ayer, jueves 2 de junio, los comuneros mapuches Héctor Llaitul y Jonathan Huillical fueron trasladados al Hospital de Victoria donde ya se encuentran Ramón Llanquileo y José Huenuche. Están pendiente del veredicto que la Corte Suprema debía emitir hoy, a las 11:00 de la mañana.
Los mapuches, literalmente gente de la tierra en mapudungún, habitaban originalmente desde la cuenca del rio Copiapó hasta Chiloé continental e isleño y desde el Pacífico hasta el Atlántico.
Las relaciones entre las autoridades y estos “primeros guerrilleros de América Latina” siempre fueron complicadas. Tras haber resistido tres siglos a los invasores españoles, y antes lo hicieron con el Imperio Inca, gracias a la solidez y unidad de su estructura social basada en el lof [la comunidad], padecieron las políticas de asimilación forzadas del siglo XIX.
Sufrieron discriminaciones cultural y más recientemente las invasiones de las empresas forestales, la criminalización por parte de la prensa y del Estado.
Frente a estas persecuciones, las luchas del pueblo de la tierra no decayeron. Más allá de enarbolar la bandera de sus demandas territoriales históricas combaten por el reconocimiento de sus derechos políticos y culturales.
ARAUCO TIENE UNA PENA ANTIGUA
El Estado chileno se construyó, imponiéndose sobre los territorios del pueblo mapuche y repartiendo las tierras entre los colones latifundistas y extranjeros. Entre 1859 y 1882, la incursión militar en este territorio, mal llamada “pacificación de la Araucanía”, desplazó una gran cantidad de sus pobladores.
Se legalizaron estas usurpaciones entre 1883 y 1930, cuando se asignaron las parcelas a caciques, mediante títulos de propiedad: Los que se conecen en la historia de Chile como “títulos de merced”.
Estos predios fueron utilizados en mayoría para el desarrollo del cultivo del trigo, lo que degradó y erosionó los suelos. Hoy en día los herederos de esos títulos, que usurpó el Estado, son quienes defienden el derecho a una propiedad que ha sido adquirida de manera ilegítima en el pasado. Cosa que no ha sido negado por los gobiernos recientes, ni al actual, pero que al mismo tiempo criminaliza y estigmatiza a quienes reclaman la devolución.
Es el Estado quien debe resarcir a quienes pagaron por una tierra que les vendió sin ser su legítimo dueño. La espera del pueblo mapuche se ha extendido por alrededr de cien años.
OCUPACIÓN DE LAS TIERRAS MAPUCHES POR EL MERCADO: LA HERENCIA DE LA DICTADURA
Durante la dictadura de Pinochet, la asimilación del pueblo Mapuche se acentuó. El Estado ya no desempeñó un papel destacable en el proceso sino que fue el mercado a través de la conquista neo liberal de sus territorios.
El decreto de Ley N° 701, de 1974, impulsó la creación de la gran industria forestal y de la celulosa, utilizando para ello los antiguos territorios trigueros, explicó Eduardo Mella Seguel en su libro Los Mapuches ante la justicia.
Entre 1976 y 1979, seis empresas de la Corfo (Corporación de Fomento) pasaron a manos de privados. A la sazón, muchas de estas parcelas reivindicadas como tierras antiguas y ocupadas fueron adquiridas por empresas forestales, lo que perjudicó aún más los intereses del pueblo mapuche. Actualmente, el 60% de estas sociedades pertenecen a las familias Matte y Angelini.
Según el anuario 2009 del Instituto Nacional de Estadísticas, las forestales son dueñas de 2. 767.625,9 de hectáreas a lo largo del país. De este total, más de la mitad es territorio mapuche: La Región del Bío Bío, con 1.227.787,6 hectáreas; La Araucanía, con 572.184,4 hectáreas y Los Lagos con 1,79545 hectáreas.
En los últimos años, el Estado, mediante la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), inició una política de restitución de las tierras ancestrales. No obstante, el avance de las forestales en territorio mapuche no perdió terreno.
RESTITUCIÓN DE LAS TIERRAS Y DERECHOS CULTURALES
En 2010 se estimó en 19 millones de dólares el monto destinado al Fondo de Tierras de la Conadi– que corresponden aproximadamente al 0,31% del presupuesto anual del 2007 – para la adquisición de 120 mil hectáreas de tierras para los pueblos indígenas, informó José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano.
Sin embargo, la restitución de estas tierras por la Conadi se hizo asignando las tierras con títulos individuales de propiedad. Tal titulación rompe el esquema tradicional de uso de la tierra, enemistando las comunidades unas contra otras.
El lonko Domingo Marileo, presidente de la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda, explicó que “el Gobierno entrega las tierras de manera privada y personal, lo hace con una filosofía que no es la nuestra, lo que atenta a los principios mapuches y contradice nuestras costumbres de vida”.
Sandra Marín, de la Conadi explicó que la entrega, en el caso de ampliación del territorio, como en el caso de recuperación de deuda histórica, se hace a una personalidad jurídica que puede ser individual como comunitaria. Los títulos entregados dependen del tipo de postulación, individual o comunitaria.
Sin embargo, explicó que en el caso de ampliación de territorio por concurso comunitario, la comunidad elige donde quiere comprar pero la apelación del territorio no puede ser “indígena”, lo que complica la entrega porque el sistema les obliga a dividirse. O sea, una comunidad basada históricamente en la Novena Región puede comprar en la Décima u Octava. “Hay un desprendimiento de sus anteriores territorios, se desprenden sus familias”, comentó Marín.
La misma cosa ocurre por la recuperación de sus territorios. Si una comunidad no logra recuperar su predio ancestral, tiene que buscar otra alternativa en una zona más lejana.
Además, las iniciativas gubernamentales no abordan los problemas de relación de los indígenas con los poderes públicos y sus derechos culturales. Por lo tanto, existe un impacto social de las plantaciones forestales: La escasez de agua, el deterioro de los ecosistemas comunitarios que conllevaron dificultades para los mapuches a seguir con sus prácticas culturales tradicionales. Los y las machis ya no encuentran los remedios que solían recoger en los alrededores de sus comunidades, por ejemplo.
Marileo expresó que las forestales “no solo han invadido un territorio que le corresponde al pueblo mapuche sino también atropellaron a la Madre Tierra, al recurso de libertad de la alimentación, al trabajo. Todos somos sometidos a estas sociedades, condicionados, sin ninguna otra alternativa que trabajar ellas.[…] Buscan avasallarnos en nuestra autonomía”.
Hoy en día, los mapuches no solo reivindican sus tierras expoliadas sino derechos al medio ambientales, políticos, culturales explicó Mella Seguel.
UNA LUCHA POLÍTICA
Vigente desde el 15 de septiembre 2009, tras su ratificación por el Estado, el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) obliga a “desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con mira a proteger los derechos de estos pueblos”.
Sin embargo, Amnistía Internacional, en su Informe 2010 sobre “El Estado de los Derechos Humanos en el mundo”, denuncia la falta de respeto a las garantías de los pueblos originarios.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), por su parte subrayó que “la no aplicación del convenio ha significado una permanente violación a los derechos humanos y pérdida de derechos fundamentales de los pueblos originarios”.
El coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Moriman, también recalcó la falta de canales de participación de estos pueblos al nivel regional.
El 27 de enero pasado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, lanzó el “Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas” sin ningún intercambio con los pueblos concernidos. Según Aylwin, “se trata de un tema crítico, toda vez que existe una larga historia de imposición de estas áreas sin el consentimiento, y muchas veces contra la voluntad de estas comunidades”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su informe anual 2010, destacó que “la necesidad de revisar la legislación y estatutos especiales, específicamente la competencia de la justicia militar y la ley antiterrorista (LAT), advirtiéndose que ésta se ha aplicado preferentemente a este sector de la población nacional”.
En efecto, más allá de los pinos y eucaliptos de las forestales, el pueblo mapuche sufre una criminalización y un racismo abierto en la aplicación de la LAT. Los cuatro comuneros en huelga de hambre desde ya casi tres meses requieren el derecho a un juicio justo, sin doble procesamiento y aplicación de la LAT, según coinciden las fuentes consultadas y el Estado chileno sigue en deuda para ponerse al día con los compromisos que ha adquirido en el ámbito internacional y con representantes del pueblo mapuche.
La Corte Suprema, hoy, viernes 3 de junio, debe pronunciarse sobre si es válido usar testigos protegidos (anónimos) para un juicio que determina la vida de cuatro personas u ofrecerá garantías para un debido proceso.
Por Mélissa Quillier
El Ciudadano
Corte Suprema chilena emitirá veredicto sobre nulidad de juicio contra comuneros mapuche
La Corte Suprema de Chile emitirá este viernes su veredicto sobre el pedido de nulidad del juicio contra cuatro líderes mapuche condenados tras un irregular proceso en el que se apeló a la Ley antiterrorista, heredada en ese país suramericano desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sectores sociales y políticos chilenos, además de comunidades indígenas se mantienen expectantes ante el esperado fallo del máximo tribunal, en momentos además de extrema tensión por el crítico estado de salud de los sentenciados, inmersos en un ayuno de más de 80 días, el segundo en menos de un año por igual espacio de tiempo.
El pasado jueves debieron ser internados en un centro hospitalario Héctor Llaitul y Jonathan Huillical, donde ya se encontraban desde la semana anterior Ramón Llanquileo y José Huenuche, todos con complicaciones serias en su organismo, agudizadas por la marcada pérdida de peso.
Los comuneros mapuche, líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, optaron por la citada medida en demanda de un proceso justo y sin aplicación de la ley antiterrorista, usada por la dictadura de Pinochet para silenciar la protesta social.
“Estamos muy mal condenados, no buscamos clemencia, perdón ni indulto, sino juicio justo, apegado a las garantías constitucionales y ajustadas a estándares internacionales mínimos”, señalaron Llaitul, Huillical, Llanquileo y Huenuche hace sólo unas horas en mensaje a la opinión pública.
Denunciaron en ese texto que la condena que se les impuso es esencialmente política y forma parte de la estrategia de judicialización y criminalización de la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras.
“Hablamos desde la prisión y conscientes de la realidad que vive nuestro pueblo, ocupado, reducido, empobrecido, oprimido y desestructurado material y espiritualmente”, apuntaron los dirigentes mapuche.
Destacaron, empero, la voluntad de lucha y de resistencia de las comunidades nativas, asumiendo con ello "los costos que se derivan en persecución, cárcel o muerte".
Sobre el juicio de Cañete, comuna de la región del Bío Bío, que sentenció a los comuneros a penas de entre 20 y 25 años por un supuesto ataque a un fiscal en 2008, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, manifestó que constituyó un atropello de los más básicos principios de un proceso justo.
“Son muchos los parlamentarios, dirigentes políticos y sociales, organizaciones y ciudadanos de este país y del mundo, que miramos con perplejidad los detalles del juicio oral llevado adelante en contra de nuestros hermanos”, comentó el también diputado chileno.
Teillier recordó cómo se aplicó en el encausamiento la ley antiterrorista y en su nombre se usaron testigos sin rostro, muchos de los cuales recibieron dinero por sus testimonios.
La aplicación de legislación tan aberrante, irregularidades tan burdas y condenas tan altas, expuso Teillier, "sólo son posibles de explicar en un contexto de ensañamiento de la justicia en contra de nuestros hermanos, cuya decisión de defender sus tierras está en contradicción con los intereses de los grandes grupos económicos que operan en el territorio mapuche".
“Que la Corte actúe con justicia, con equidad y con responsabilidad histórica”, pidió por su parte en carta reciente el destacado intelectual argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980).
