Megaminería en cuestión

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Conflictos ambientales frente a la minería

Si el precio de los minerales sigue subiendo, y la disponibilidad de fondos de inversión se mantiene alta dado que es muy riesgoso invertir en los países industrializados, las presiones a favor de las mineras serán enormes.

Por Eduardo Gudynas, en http://accionyreaccion.com/, 2/2/12.

El corte de ruta en Famatina.

Parecería que la conflictividad ambiental desencadenada por proyectos mineros y petroleros está alcanzando un nuevo pico en Argentina. En las últimas semanas se mantienen las protestas por los intentos de explotar oro en la zona de Famatina, y hay nuevos enfrentamientos en la mina de La Alumbrera.

Esto es cierto solamente en parte. En realidad los conflictos ambientales locales se repiten continuamente, pero solo de tanto en tanto alcanzan una intensidad tal que explican los titulares de la prensa, y la mirada del poder político desde las ciudades capitales. Un reciente reporte para Argentina es muy ilustrativo de esta situación: sostiene que en todas las provincias se registran conflictos ambientales, y se ilustra con un mapa donde el territorio está cubierto de protestas sobre minería, contaminación por agroquímico, represamientos, basurales, etc.

En ese artículo, Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirma que “el extractivismo, como único modelo económico, lo resume todo”. “En toda la región, gobiernos considerados progresistas aceptaron pasivamente el rol de exportadores de la naturaleza”, sostiene. Y concluye: “Se pasó del Consenso de Washington al consenso de las commodities”.

Otro tanto sucede en Uruguay. Persiste la preocupación ciudadana por los intentos de comenzar la megaminería de hierro a cielo abierto (proyecto Aratirí), y esto se suma a distintos problemas locales (repitiéndose cuestiones como la contaminación por agroquímicos, erosión de suelos, etc.). La idea es la misma: hay un consenso de “exportar o morir”.

En Ecuador, el presidente Correa avanza rápidamente a la aprobación de grandes proyectos mineros. La resistencia ciudadana, que ha incluido originales expresiones, como consultas locales, es rechazada por el gobierno, y está en marcha un programa repetido de hostigamiento y judicializaicón de líderes ciudadanos.

Evo Morales, en Bolivia, sigue sufriendo haber tenido que dar marcha atrás con su proyecto de construir una carretera dentro de un parque nacional, que en realidad servía para abrir vastas zonas del oriente a la prospeccción minera y petrolera. Y tuvo que hacerlo después de una marcha indígena.

Protesta aymara en Perú

En Perú, se acaba de lanzar una marcha nacional por el agua, como reacción a los intentos de aprobar la minera Conga, un megaemprendimiento en Cajamarca. La retórica es similar: se necesita esa inversión y esas exportaciones para mantener la tasa de crecimiento económico de Perú.

En todos estos casos aparecen una serie de elementos comunes. Tanto Famatina (en Argentina), como Aratirí (Uruguay) y Conga (Perú) son enormes inversiones, aplicadas en gigantescas minas con severos impactos ambientales y sociales. En todos los casos se desencadena una discusión entre el valor de esas inversiones y las expectativas de ingresos por exportación, contra las protestas ciudadanas por los posibles impactos ambientales y sociales. La oposición se vuelve inevitable en tanto hay una asimetía impactante: empresas y gobiernos exhiben indicadores monetarios de inversiones y exportaciones, pero en ningún caso se ha contabilizado en dinero el costo ambiental y social de esos emprendimientos.

Dicho en otras palabras, no se calculan los costos en dinero de efectos muy diversos tales como la pérdida de suelos, tratamiento de agua contaminada, asistencia en energía eléctrica, etc.

Las respuestas gubernamentales son generalmente “tecnificar” el asunto. Esto es particularmente claro en Uruguay con Aratirí (donde está en marcha un estudio de impacto ambiental) y en Conga (donde el gobierno anuncia un peritaje internacional para revisar la viabilidad de esa minera). Estas similitudes no son secundarias. El primer estudio de impacto ambiental de Aratirí fue elaborado por una consultora peruana, pero era tan incompleto que fue devuelto por la agencia ambiental gubernamental uruguaya. Esto está en consonancia con la polémica alrededor de Conga, que también dejó en evidencia las limitaciones de muchos informes de evaluación ambiental en Perú.

Por eso no deja de ser impactante que el ex-ministro del ambiente de Perú, José de Echave, acaba de sumarse a la marcha nacional por el agua. De Echave tuvo un breve paso por el Ministerio del Ambiente, y junto a sus colegas de esa cartera, fue clave en dejar en evidencia que los estudios alrededor de la minera Conga tenían limitaciones y debían ser revisados. Este experto era parte del conjunto de militantes y técnicos de inclinación progresista que acompañaron al gobierno de Ollanta Humala durante sus primeros meses, y todo ellos terminaron renunciando al escalar el conflicto ciudadano en Cajamarca contra la minera Conga.

En Argentina, ese proceso de escalamiento de la protesta está en marcha en Famatina. Allí se expresa en toda su diversidad la tragicomedia de la política contemporánea, desde un candidato a gobernador que hace campaña prometiendo impedir esa minera, pero después de ganar la elección pasa a apoyarla, hasta el gobierno federal de Cristina Kirchner que por momentos coqueteaba con ambientalistas hasta que se volcó en apoyo de la minería de oro, en el famoso Veto Barrick Gold.

En Uruguay la situación es más clara, ya que el programa de gobierno que llevó a la presidencia a José “Pepe” Mujica no incluye una sección ni compromisos ambientales. No hay promesas en ese terreno. Es más, la coalición de izquierda Frente Amplio de Uruguay es, hasta donde puede saberse, el único partido de izquierda en occidente que no tiene una sección ambiental en su programa.

Productores contra Aratirí en Uruguay.

Más allá del debate interno, la aprobación de proyectos como Famatina o Aratirí dependen en buena medida de la dinámica de la economía global. Si el precio de los minerales sigue subiendo, y la disponibilidad de fondos de inversión se mantiene alta dado que es muy riesgoso invertir en los países industrializados, las presiones a favor de las mineras serán enormes. Y esas empresas apelan a las clásicas tácticas de anunciar enormes inversiones, prometer un jugoso empleo, y contratar algunos cientos, para luego enviarlos al seguro de desempleo o despedirlos, con lo cual generan preocupación pública, y en muchos casos, obtienen apoyos sindicales.

Bajo ese escenario, en ausencia de buenas evaluaciones de impacto ambiental, carentes de informaciones claves (como los costos ambientales), y una clase política que dice una cosa y hace otra, es inevitable que estallen conflictos ciudadanos.

 

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