Matriz de Montes del Plata acusada de delitos ambientales, laborales y corrupción
Organizaciones ambientalistas y de productores de varios países, entre ellas REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, acusan a la empresa sueco finlandesa Stora Enso de crímenes ambientales y de corrupción en América Latina, luego que la compañía anunciara en su asamblea anual de accionistas ganancias de 817,4 millones de euros durante 2010.
Stora Enso es una de las propietarias (junto a la compañía chilena Arauco) de Montes del Plata, empresa que está instalando su planta de celulosa en la localidad de Conchillas, Colonia.
La asamblea anual de accionistas de Stora Enso se realizó el 20 de abril en Helsinski, capital de Finlandia. Varias organizaciones sociales de Europa y América Latina advierten que las ganancias presentadas están ligadas a violaciones de leyes ambientales, laborales y penales en nuestra región.
Esas organizaciones son: Amigos de la Tierra (federación ambientalista internacional con presencia en cerca de 80 países), especialmente sus grupos de Finlandia, Suecia, Brasil y Uruguay, el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahía (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de ese país, Amigos de los Sin Tierra de Finlandia y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.
Tanto en Brasil como en Uruguay los monocultivos de eucalipto para las fábricas de celulosa han causado el desplazamiento de comunidades rurales, erosión de los suelos y agotamiento de las fuentes de agua. “En Uruguay, las plantaciones de Montes del Plata han secado pozos de agua de poblaciones locales, negando así el acceso de numerosas familias al recurso”, dice María Selva Ortiz, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.
“El consorcio Montes del Plata es el mayor propietario de tierras en nuestro país, con alrededor de 250.000 hectáreas. Los impactos de los monocultivos de árboles destinados a celulosa ya son muy graves, desde el punto de vista social, ambiental y económico. El emprendimiento de Montes del Plata, bajo una lógica extractivista, de economía de enclave, con beneficios impositivos y zona franca, consolida un modelo de país que concentra la tierra y compromete a nuestra población rural, el suelo y el agua”, agrega Ortiz.
En Brasil, Stora Enso amenaza la soberanía alimentaria y causa miseria a millones de personas sin tierra. En Rio Grande do Sul es señalada por comprar tierras de forma ilegal en la faja de frontera con Uruguay, a través de una empresa fachada, Azenglever Agropecuaria. En Bahía, el Ministerio Público está acusando a Veracel (una joint venture de Stora Enso y la empresa brasileña Fibria) de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción.
Veracel tiene unas 212.000 hectáreas de tierra en el sur de Bahía, de las cuales unas 91.000 están plantadas con eucaliptos. Posee, también, una planta de celulosa en el municipio bahiano de Eunápolis. La empresa propiedad de Stora Enso ya ha sido acusada de deforestación ilegal y uso inadecuado de plaguicidas. Además, grandes extensiones de monocultivos de eucalipto suyas fueron plantadas sin licencia ambiental.
Veracel también es acusada de violaciones a los derechos de sus trabajadores. En los últimos años, un tribunal laboral de Eunápolis contó más de 850 demandas en contra de la compañía y de sus subcontratistas.
“Stora Enso afirma que sus actividades son favorables con el medio ambiente y que sus inversiones en el sur reducen la pobreza. Pero al aceptar los dividendos de Stora Enso, los accionistas deben saber que las ganancias se producen a expensas de actividades criminales con impactos sociales y ambientales significativos”, señala Noora Ojala, de Amigos de la Tierra Finlandia.
Por más información:
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
2908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy
Tras los números
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Organizaciones ambientalistas y de productores de varios países acusan a la empresa sueco finlandesa Stora Enso (forestal y celulósica) de crímenes ambientales y de corrupción en América Latina, luego que la compañía anunciara en su asamblea anual de accionistas ganancias de 817,4 millones de euros durante 2010.
La asamblea se realizó el 20 de abril en Helsinski, capital de Finlandia. Numerosas organizaciones de Europa y América Latina emitieron un comunicado ese día en el que advirtieron que las ganancias de Stora Enso están ligadas a violaciones de leyes ambientales, laborales y penales en Brasil y Uruguay.
Esas organizaciones son: Amigos de la Tierra (federación ambientalista internacional con presencia en cerca de 80 países), especialmente sus grupos de Finlandia, Suecia, Brasil y Uruguay, el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahía (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de ese país, Amigos de los Sin Tierra de Finlandia y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.
“Stora Enso afirma que sus actividades son favorables con el medio ambiente y que sus inversiones en el sur reducen la pobreza. Pero al aceptar los dividendos de Stora Enso, los accionistas deben saber que las ganancias se producen a expensas de actividades criminales con impactos sociales y ambientales significativos”, señala la ambientalista Noora Ojala, de Amigos de la Tierra Finlandia.
Tanto en Brasil como en Uruguay los monocultivos de eucalipto para las fábricas de celulosa han causado el desplazamiento de comunidades locales, erosión de los suelos y agotamiento de las fuentes de agua.
En Brasil, Stora Enso amenaza la soberanía alimentaria y causa miseria a millones de personas sin tierra, denuncian las organizaciones firmantes del comunicado del 20 de abril. En el Estado de Río Grande do Sul es señalada por comprar tierras de forma ilegal en la faja de frontera con Uruguay, a través de una empresa fachada, Azenglever Agropecuaria.
En el Estado de Bahía, el Ministerio Público está acusando a Veracel (una joint venture de Stora Enso y la empresa brasileña Fibria) de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. La empresa tiene unas 212 000 hectáreas de tierra en el sur de Bahía, de las cuales unas 91 000 están plantadas con eucaliptos. Posee, también, una planta de celulosa en el municipio de Eunápolis.
Veracel ya ha sido acusada de deforestación ilegal y de uso inadecuado de plaguicidas. Además, grandes extensiones de monocultivos de eucalipto de la compañía fueron plantadas sin licencia ambiental.
La empresa propiedad de Stora Enso y Fibria también es señalada por violaciones a los derechos de sus trabajadores. En los últimos años, un tribunal laboral de Eunápolis contó más de 850 demandas en contra de la compañía y de sus subcontratistas.
“En lugar de traer desarrollo, Stora Enso causa conflictos por la tierra y amenaza la soberanía alimentaria. Un verdadero desarrollo sustentable promueve la agricultura a pequeña escala para alimentar a las personas, y no plantaciones a gran escala para generar ganancias para las empresas. ¡No podemos comer eucalipto!”, dice el dirigente del MST brasileño Marcelo Durao Fernandes.
En tanto, en Uruguay, Stora Enso es una de las propietarias (junto a la compañía chilena Arauco) de Montes del Plata, empresa que está instalando una planta de celulosa en la localidad de Conchillas, departamento de Colonia. Montes del Plata es la mayor propietaria de tierras del país, con 250 000 hectáreas. Las organizaciones ambientalistas uruguayas acusan a la empresa de ser de las principales impulsoras del proceso de concentración y extranjerización de la tierra del país, junto a otras empresas dedicadas a los agronegocios.
“En Uruguay, las plantaciones de Montes del Plata han secado pozos de agua de poblaciones locales, lo que ha negado el acceso de numerosas familias al recurso”, dijo la activista María Selva Ortiz, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, consultada por Radio Mundo Real.
“El consorcio Montes del Plata es el mayor propietario de tierras en nuestro país. Los impactos de los monocultivos de árboles destinados a celulosa ya son muy graves, desde el punto de vista social, ambiental y económico. El emprendimiento de Montes del Plata, bajo una lógica extractivista, de economía de enclave, con beneficios impositivos y zona franca, consolida un modelo de país que concentra la tierra y compromete a nuestra población rural, el suelo y el agua”, agregó Ortiz.