Uruguay: Respuesta a la nota publicada en Brecha "Torturas, denuncias y efectos. Usos y abusos de las herramientas contra la impunidad"

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

Estimados / as,

Enviamos a ustedes en archivo adjunto nota que saliera publicada el viernes 23  de diciembre
en el semanario Brecha. 


En la misma se hace una dura crítica a la  acción de denuncia masiva emprendida por todos/as nosotros/as el pasado mes de octubre. 

 Ante tal agresión "periodística", decidimos contestar con una nota (también se adjunta) que enviamos en el día de ayer al semanario con la intención de que sea publicada en la próxima edición.

 Sin tener certezas sobre cuál será el destino de nuestra respuesta, es que  compartimos con ustedes (protagonistas de la acción ciudadana) a través de este medio para que si creen conveniente la reenvíen a sus contactos y seguir de esta manera la lucha contra "la impunidad y la complicidad inconsciente".
 
 Por último, desearle a todos un muy buen comienzo de año y esperamos reencontrarnos en el camino de la verdad y la justicia.

 Abrazo fraterno!
 

nota que saliera publicada el viernes 23  de diciembre en el semanario Brecha.

http://img193.imageshack.us/img193/1521/41094845.jpg
 

martes 27 de diciembre de 2011

Respuesta a la nota publicada en Brecha "Torturas, denuncias y efectos. Usos y abusos de las herramientas contra la impunidad"

La impunidad y la complicidad “inconsciente”


El viernes pasado Brecha nos sorprendió con una nota pequeña, sin firma, en la que se cuestiona duramente las jornadas de denuncias ciudadanas realizadas durante el mes de octubre en Montevideo, Canelones y Maldonado, en las que se presentaron más de ciento cincuenta denuncias de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Más de ciento cincuenta denuncias y más de ciento cincuenta denunciantes, que nunca antes se habían presentado a la Justicia.

El notero de Brecha supone que algunas de éstas no llegan a adquirir el “estatus” de denuncias habilitadas para ser presentadas, en la medida en que no brindan elementos suficientes como para ajustarse a “las posibilidades reales que el Ministerio Público o el propio Juzgado tienen en Uruguay para desentrañar la verdad mediante los métodos de investigación habituales”.

De allí en más desarrolla su argumentación crítica ante las acciones ciudadanas de referencia, depositando, otra vez, sobre la víctima y/o el denunciante, la responsabilidad de la investigación previa, no habiendo bastado, para quien escribe la nota, con ser torturado, encarcelado o asesinado, sino que además es necesario que quien denuncia o fue víctima se encargue también de aportar datos. Datos que en muchos casos no es posible aportar por las propias condiciones de detención o porque el propio Estado – aun conociendo los delitos – decidió en su momento no investigar.

No es necesario, entendemos, fundamentar a través de esta breve respuesta, lo realizado. No es necesario explicar por qué todos tenemos derecho a realizar una denuncia con más o menos información sobre lugares y victimarios, lo que sí resulta necesario es señalar las marcas inconscientes e invisibles de la cultura de la impunidad que se traducen en complicidades también inconscientes, que nos han atravesado el alma durante demasiados años.

El compromiso asumido al organizar estas acciones fue contribuir a dar mayor visibilidad a la masividad de los crímenes de terrorismo de Estado, restableciendo el derecho de cualquier ciudadano a reclamar la intervención de la justicia ante la presencia de un delito, siendo de cargo del Estado la investigación y la búsqueda de información, y es en ese sentido que nos duelen los “usos y abusos” del fantasma del miedo, los “usos y abusos” que terminan en el juego siniestro de culpabilizar a las víctimas por los errores y omisiones de un sistema judicial y político demasiado tiempo cómplice de la impunidad.

Nos duele por eso el cajoneo de denuncias, el destrato a denunciantes, la desinformación jurídica y la miopía ética de algunos “integrantes del sistema de justicia”, la crítica pseudo periodística pueril y facilonga que como único argumento usa el de la confrontación entre buenos y malos abogados. Nos duele la chacra pequeña, la mira estrecha, el ombliguismo intelectual de los dueños de la visión “estratégica” del mundo, entre otras tantas calamidades.

Nos duele la basura que aparece entre “la luz que trata de filtrarse por los agujeros que han quedado en la cortina de la impunidad”. Nos duele porque somos de los que pensamos que esa luz no se filtra sola ni por arte y gracia del iluminado de turno, hay que encenderla lenta e insistentemente entre todos.

 

Como dijimos al principio, la nota era demasiado pequeña.

 

Colectivo de denunciantes de delitos de lesa humanidad

http://denunciaportodos.blogspot.com/ 

yomehagocargo@adinet.com.uy

 

Mariana Risso

Fabiana Larrobla

Soledad González

Carla Larrobla

Melissa Ardanche

Damián Payotti

Erika Van Rompaey

Mariana Felártigas

Olga Fernández

Adriana Alfonso

Jimena Alonso

Margarita Libschitz 

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miércoles 14 de diciembre de 2011

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 

DENUNCIAS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD SIGUEN SIN SER ENCAUSADAS

 

 


Siendo que se están cumpliendo dos meses desde que se radicaron en Seccionales de Policía las primeras 131 denuncias por Delitos de Lesa Humanidad queremos comunicar a la opinión pública el avance -o para ser más exactos - el estancamiento de las mismas.

 

El pasado 15 de octubre fueron presentadas 131 denuncias, el 29 de octubre fueron presentadas 10 más y otras 2 denuncias fueron radicadas en otras fechas, conformando un total de 143 denuncias presentadas individualmente.

Los jueces que se encontraban de turno en Montevideo el día 15 de octubre eran la Dra. Gabriela Merialdo y el Dr. Ruben Saravia, quienes hasta el momento no habrían asumido las investigaciones y habrían impartido respecto de estas denuncias una orden cuyo contenido exacto desconocemos.

 


A partir de estas jornadas y ante la ausencia de noticias sobre el avance de las mismas, los y las denunciantes comenzamos a ir a las seccionales donde fueron realizadas a preguntar por ellas.


Las respuestas coincidieron en que se hallaban todas juntas en el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) dependiente del Ministerio del Interior.

 


Hacia allí nos dirigimos en varias oportunidades para conocer el motivo de este novedoso procedimiento y saber cómo seguiría. Primero el Comisario Corrales y ayer el Comisario De Los Santos (ratificó), según le informaron a los Dres. Alvarez Petraglia y Alicia López que las denuncias estarían allí por orden de los jueces de turno para “dilucidar si las mismas tenían causas abiertas” y realizar una suerte de análisis administrativo previo; también se les comunicó que se habría cursado o se cursaría vía Jefe de Policía y Director Nacional de Policía (por cuestiones de comunicación interinstitucional el interlocutor no lo había hecho directamente, por lo que no tendría dominio acerca de si efectivamente se había efectivizado o no) un pedido de instrucciones a la Suprema Corte de Justicia para que indicara cómo proceder con las denuncias.

 


Habiendo obtenida esta información, los y las denunciantes solicitamos una entrevista con el Presidente de la SCJ, Dr. Van Rompaey para conocer algún otro dato acerca del trámite que se estaba dando a las denuncias. El viernes pasado fuimos atendidos por el Presidente de la SCJ, quien nos manifestó que no tenía conocimiento de ningún pedido de instrucción por este motivo, pero que iba a revisar exhaustivamente para respondernos.


En el día de hoy nos comunicamos con su despacho y el secretario nos confirma que la Suprema Corte de Justicia no dio entrada a ningún pedido del DOE. Debemos destacar asimismo, lo extraño que resulta el procedimiento que, según se nos informa, se estaría siguiendo, ya que no es el que regularmente se sigue ante denuncias penales.

 


A diferencia de lo sucedido en Montevideo, las denuncias presentadas en Solymar fueron cursadas como correspondía y ya varias personas han sido citadas a declarar por el Juez a quien se le derivaron.


Asimismo, dos denuncias que fueran presentadas fuera de estas dos fechas, ya han pasado a Juez y están siguiendo su curso, sucediendo lo mismo con denuncias realizadas en Maldonado.

 


Por otra parte, hemos registrado otra “novedad” en cuanto a procedimiento judicial penal. Una de las denunciantes se dirigió a la Dirección de Seguridad del Min. Del Interior (como le indicaron en la Seccional Policial) para consultar por su denuncia, allí se le informó “que el caso era reservado” la funcionaria no tenía acceso más que al número de las denuncias, no lo pudo abrir ni leer y la denunciante fue derivada a Asuntos Judiciales. Allí le informa otra funcionaria que no puede acceder a esos asuntos porque aparecen como casos reservados que desde su sección no pueden tener acceso y que quienes imponen las restricciones son las Comisarías de orígenes por lo que se le dice que debe volver a la Seccional y solicitar que levanten las restricciones. Se le aclara que ella como es funcionaria no puede hacerlo y que es algo que sólo el titular de la denuncia puede hacer. Que una vez hecho eso regrese a "Asuntos Judiciales". La funcionaria le dio un papelito con los números anotados, de ambos casos, y un sello con su nombre para que con ello vaya a la Seccional 6ª. En el día de hoy la denunciante concurrió a la Seccional 6ª a solicitar que levantasen la condición de Asunto Reservado a las dos denuncias, tal como se lo plantearon en Asuntos Judiciales. Allí le comunicaron de parte del Subcomisario Veiga, que la reserva la determinó la Dirección de Seguridad y no ellos y que así lo planteara de su parte. Consecuencia, la denunciante volvió a Jefatura a la Dirección de Seguridad donde finalmente la respuesta fue que ambos casos pasaron al juzgado y están en la etapa presumarial por lo que no dan información pero que si concurre el abogado del caso puede averiguar en qué juzgado está, cosa que al funcionario no le dijeron y aclara que tampoco a la denunciante se lo dirán, salvo que intervenga el abogado. 

 


Otro hecho extraño sucedió el pasado domingo, fue llamada por teléfono -otra denunciante- por una persona que se identificó como Mieres de la Seccional 2a. para preguntarle si ella era pariente de la víctima, ¿por qué denunciaba?. La denunciante se negó a responder por teléfono y solicitó que para ampliar datos se la citara en persona. 

 


De los hechos narrados podrá concluirse la preocupación que embarga a este colectivo y que debería embargar a cualquier ciudadano ante el “trámite” que se está dando a denuncias penales por homicidios y delitos gravísimos. Estimamos que esta ausencia de responsables en los procedimientos, la información contradictoria que se nos ha brindado y los novedosos procedimientos utilizados por parte del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, deben ser de conocimiento de la opinión pública en general y especialmente de las autoridades, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. La notoria demora en dar trámite a las denuncias presentadas por hechos aberrantes, sin dudas afecta el debido proceso legal y es al menos alarmante. Esperamos que alguna de las autoridades involucradas brinde respuesta a esta situación antes que comience la feria judicial y no siga demorándose la instrucción de los hechos denunciados por 141 víctimas de graves delitos. Queremos recordar en ese sentido, que la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH obliga a todos los poderes del Estado a remover todos los obstáculos que impidan la investigación de los delitos denunciados; obstáculos no solamente jurídicos sino también burocráticos, no apreciándose en estos casos la suficiente voluntad de aquellos que tienen el deber de cumplir con dicho mandato, lo que en definitiva expone a nuestro Estado a incurrir en responsabilidad internacional y a los operadores responsables a las consecuencias que el incumplimiento de una Sentencia Judicial depara para todo servidor público.

 

CASOS DENUNCIADOS


 

78 casos de homicidios y desapariciones, 65 casos de personas que se acercaron a partir de la convocatoria a denunciar. En su mayoría los delitos fueron: secuestros, torturas, privación de libertad, ratoneras, nacimientos en cautiverio. Del total 28 casos pertenecen a delitos contra mujeres y 114 contra hombres. Se presentaron denuncias en 16 Seccionales de Montevideo, Solymar y Las Piedras, en San José el Juez de Turno del día 15 de octubre no permitió que se radicaran las denuncias en la seccional a la que se presentaron los denunciantes.

 

Colectivo de denunciantes de delitos de lesa humanidad

Jornadas 15 y 29 de octubre

 

 

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miércoles 30 de noviembre de 2011

DENUNCIAS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD SIN JUEZ NI JUZGADO

 

Comunicado a la opinión pública

 

Los ciudadanos y ciudadanas que los pasados 15 y 29 de octubre realizamos denuncias de delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado en comisarías de Montevideo e Interior, aún estamos esperando que las mismas sean conformadas como causas judiciales.


Como cualquier ciudadano, teníamos la expectativa de que, atento a la gravedad de las circunstancias puestas en conocimiento de las autoridades, las instrucciones penales se cumplirían diligentemente.


Sin embargo, a la fecha, habiendo transcurrido un mes y medio desde que se hicieron las primeras denuncias se nos informó que  estarían reunidas en el Departamento de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior a la espera de que el Poder Judicial indique cómo se concretará la instrucción.


En dependencias policiales se nos informó que el día 29 de octubre se habría librado un oficio a la Suprema Corte de Justicia para que ésta determine si existe algún proceso en trámite sobre los delitos denunciados. Situación claramente novedosa para el tratamiento de delitos en nuestro país.


Al día de hoy  solo dos de los denunciantes han sido citados por la justicia, resultando altamente llamativo que más de 150 denuncias aún esperan respuesta. Destacamos que en ambos casos presentaron sus denuncias en días posteriores, lo que podría indicar que fueron recibidas por jueces distintos a los que estarían de turno en las jornadas masivas.


Ante esta situación el día 21 de noviembre solicitamos audiencia al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Leslie Van Rompaey, para que se nos explique los motivos de la demora. Se nos confirmó el martes pasado que seremos recibidos el próximo viernes 9 de diciembre a las 14.30 hs.

 


DENUNCIAS CON TRATAMIENTO DISTINTO


Una de las denunciantes citadas, lo fue por un juez que no solo escuchó la declaración de la víctima sino que amplió la denuncia presentada y estableció una segunda audiencia para el próximo 21 de diciembre previo a la feria judicial.


El otro denunciante citado, fue notificado vía cedulón judicial indicando que “previo a todo pronunciamiento sobre el mérito de la denuncia y su posible instrucción, este ministerio (MEC, Fiscalía) solicita: a) aclare y amplíe el denunciante, su escrito de fs. 1 a 4, indicando a la sede, contra que persona o personas formula la denuncia por los hechos que se describen en la misma, señalando todos los datos que posea para su identificación”. Queremos destacar que nos resulta extremadamente llamativo que se le pida a una víctima de tortura realizar la labor correspondiente al Ministerio del Interior y el Poder Judicial, que es la de investigar, identificar, perseguir y juzgar criminales. Pedir esto es equivalente, a pesar del radical absurdo de la comparación, a que una víctima del robo de un auto al constatar la falta del mismo deba entregar una identificación del delincuente para que el fiscal y el juez actúen.


En el país del absurdo la muerte por apaleamiento de un perro en el Departamento de Colonia, provocó la inmediata intervención de oficio de dos juzgados. Mientras ante el testimonio de una víctima de tortura y privación ilegítima de libertad, se considere que podría no haber mérito para realizar la instrucción judicial correspondiente.


La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Gelman vs. Uruguay” obliga al Estado a no obstruir los procesos de investigación, ni con trabas legales ni burocráticas.  El párrafo 254 dice textualmente: “En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.

 


Queremos poner en conocimiento de la opinión pública la situación en que se encuentran las denuncias masivas realizadas.

 

 

 


Colectivo organizador de las denuncias.

 

Montevideo, 30 de noviembre de 2011  

 

 

http://denunciaportodos.blogspot.com/

contacto de prensa: 098 898 370

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martes 22 de noviembre de 2011

Nota enviada al Presidente de la SCJ el día lunes 21 de noviembre


Montevideo, 21 de noviembre de 2011.

 


Sr. Ministro Dr. Leslie Van Rompaey

Presidente de la Suprema Corte de Justicia


De nuestra mayor consideración,

Por intermedio de la presente solicitamos a Ud. conceda una entrevista a representantes del colectivo Iguales y punto y ciudadanos y ciudadanas uruguayos que realizamos denuncias por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el período de facto en nuestro país.

 

Los pasados 15 y 29 de octubre organizamos dos jornadas de denuncias de delitos cometidos durante el referido período y que no tuvieran causas en trámite en los Tribunales de la República. En ambas jornadas se radicaron denuncias a partir de hechos que surgen de  la investigación histórica elaborada por el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Prof. Álvaro Rico, a lo que se sumó en importante número la comparecencia y relato personal de una multiplicidad de personas que comparecieron espontáneamente a denunciar los hechos de los que fueron víctimas directas.

 

Los denunciantes, como cualquier ciudadano, tenían la expectativa de que, atento a la gravedad de las circunstancias puestas en conocimiento de las autoridades, las instrucciones penales se cumplirían diligentemente.

 

Sin embargo, a la fecha, habiendo transcurrido más de un mes desde que se hicieron las primeras denuncias y luego de formular varias consultas en las comisarías donde se radicaron, se nos informa que todas las denuncias de referencia, realizadas los días 15 y 29 de octubre pasado, estarían reunidas en el Departamento de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior a la espera de que el Poder Judicial indique cómo se concretará la instrucción, pues el día 29 de octubre se le habría dado cuenta de las mismas a vuestra Corporación, según se nos informa, a fin de que determine si existe a su respecto o no algún proceso en trámite, extremo que, reiteramos, no se verifica.

 

En este marco circunstancial, se destaca que hasta el momento ninguno de los denunciantes ha sido siquiera citado por un juez penal a ratificar y/o ampliar las denuncias, resultando altamente llamativo el tratamiento que se les ha dado y el proceder que las autoridades involucradas vienen llevando a cabo.

 

Demás está decir que los hechos denunciados revisten extrema gravedad, por lo que resulta preocupante la ausencia de respuesta que el sistema judicial ha brindado a la situación hasta el momento.

 
Por cuanto viene de exponerse, especialmente atento a la demora en los procedimientos, es que entendimos pertinente solicitar entrevistarnos con la máxima autoridad del Poder Judicial. Asimismo, listamos en forma adjunta las denuncias realizadas, para su mejor ilustración.

Quedando a la espera de pronta respuesta, lo saludan atte.

Soledad González Baica

Mariana Felártigas

Melissa Ardanche

Fabiana Larrobla

Carla Larrobla

Jimena Alonso

Damián Payotti

Adriana Alfonso

Olga Fernández

Federico Martorell

Erika Van Rompaey 

Mariana Risso

Dr. Federico Álvarez Petraglia

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jueves 3 de noviembre de 2011

Llegó la hora de que el Estado se haga cargo

Compañeros y compañeras,

que se han contactado con nostoros/as para realizar denuncias de delitos de la dictadura, queremos decirles que esta "movida" que armamos "contra viento y marea" para el 15 de octubre pasado, cumplió sobremanera los objetivos propuestos, tanto fue así que se realizó una 2a jornada, el pasado 29 de octubre y al día de hoy nos siguen llegando consultas de víctimas.

Ya no podemos continuar organizando las jornadas, no somos una organización y por lo tanto no tenemos capacidad de respuesta para acompañar a las víctimas. Creemos que llegó la hora de que el Estado uruguayo les brinde a las víctimas atención integral, asistencia legal y apoyo para ser VERDADERAMENTE REPARADAS.

Les sugerimos a todos aquellos que se están animando a hablar y que desean llevar a la Justicia su caso, que se contacten con otros compañeros y se organicen mínimamente para no hacerlo solos/as.

Nosotros podemos enviarles el formulario tipo que utilizamos para armar las denuncias por mail, nos lo solicitan a yomehagocargo@adinet.com.uy y a la brevedad lo estarán recibiendo.

Esperando que la JUSTICIA ACTÚE y EL ESTADO RESPONDA, les mandamos un abrazo enorme para seguir luchando.

Colectivo organizador de las denuncias.
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