Uruguay: El ‘efecto’ Macarena

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2011

 

DESDE SU APARICIÓN EN EL AÑO 2000 LA NIETA DE GELMAN MODIFICÓ LA HISTORIA URUGUAYA


El ‘efecto’ Macarena

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Nadie imaginó que aquella frágil jovencita de rostro lozano y largo pelo lacio que por primera vez apareció públicamente sentada en las barras de la Cámara de Diputados el 15 de junio de 2005, cuando la diputada Daniela Payssé homenajeaba a su madre, se convertiría en un referente regional en derechos humanos. Con su denuncia ante la Corte Interamericana y frente a la justicia local, Macarena Gelman logró en 2011 que el Estado uruguayo eliminara la ley de caducidad y que los antropólogos encontraran los restos del maestro Julio Castro.

 

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

 La denuncia internacional que Macarena Gelman y su abuelo Juan realizaron ante la OEA en 2006, modificó una vez más la realidad política y jurídica de Uruguay, cuyo Estado quedó obligado a cumplir con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se le ordena indagar, habilitar la justicia y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas en los años de la dictadura cívico-militar.

 

Macarena ya había provocado un profundo cambio en el año 2000, cuando fue encontrada por su abuelo en manos de la familia de un policía de Montevideo. Su sola aparición demostró que, a pesar de los dichos del presidente Julio María Sanguinetti, en Uruguay había niños desaparecidos y que, tal como lo denunciaba el poeta Juan Gelman, su nuera había sido trasladada a este país, donde dio a luz antes de ser ejecutada y desaparecida.

 

También fue Macarena quien en mayo de 2008 logró reabrir su causa judicial en la que el juez Pedro Salazar ordenó luego las excavaciones en el Batallón 14 de Paracaidistas de Toledo, donde este año, finalmente, fue hallado el cuerpo del maestro y periodista Julio Castro, ejecutado de dos balazos en el lugar, antes de ser enterrado para su desaparición. Una de las noticias de mayor impacto público en 2011.

 

En los últimos doce años, Macarena ha evolucionado de víctima a militante. Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino en Montevideo y representante de Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay, integrante del grupo Hijos, activa partícipe en seminarios y encuentros, la joven Gelman ha madurado su discurso hasta convertirlo en un punto de referencia en la defensa de los derechos humanos.

 

ACCIONES POR GELMAN

 

La existencia de Macarena Gelman determinó que el presidente Jorge Batlle dispusiera la creación de la Comisión para la Paz, a través de la cual el Estado uruguayo reconoció por primera vez la existencia de la desaparición forzada de personas y, más allá de las inexactitudes de su informe final, ha permitido continuar oficialmente hasta hoy las investigaciones de esas denuncias de violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

 

Su aparición habilitó también las investigaciones que permitieron encontrar a Simón Riquelo o que llevaron a confirmar el traslado ilegal de detenidos como plan sistemático de la coordinación represiva del llamado Plan Cóndor. Ella misma fue víctima de esos intercambios cuando su madre, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, fue sacada del 'pozo' Automotores Orletti en Buenos Aires y traída a Montevideo en octubre de 1976.

 

Paradójicamente, el propio Jorge Batlle terminó amparando el caso Gelman en la ley de caducidad después de que la Comisión para la Paz confirmara que Macarena había sido trasladada en vientre; su madre permaneció en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) de Bulevar Artigas y Palmar, dio a luz en el Hospital Militar y fue ejecutada luego de que la niña fuera entregada por los militares a la familia que la finalmente la crió.

 

Pese a la disposición del juez penal de 2° turno, Gustavo Mirabal, la causa Gelman fue abierta y cerrada en tres oportunidades por acciones del fiscal Enrique Möller (luego asesor de un legislador blanco), quien consideró que la ley de caducidad era una amnistía y por tanto el ministerio público no debía investigar ni acusar. La situación llevó entonces a Juan y Macarena Gelman a realizar la denuncia ante los organismos internacionales.

 

EL FALLO DE LA CORTE

 

El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su fallo por el caso Gelman y consideró que Uruguay estaba incumpliendo con los derechos de Juan y Macarena Gelman, pero que además, la existencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado estaba en contra de la convención suscrita por Uruguay, algo que ya había advertido la Comisión de la OEA en 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

 

Para que no existan dudas al respecto, en el párrafo 254 de su sentencia la Corte especificó: “el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.

 

El pronunciamiento de la Corte-IDH también llevó, el 31 de junio de este año, al presidente José Pepe Mujica a firmar junto con su Consejo de Ministros una resolución del Poder Ejecutivo en la que por “razones de legitimidad” se revocaron todos los actos administrativos de sus predecesores (Sanguinetti, Lacalle, Batlle y el propio Tabaré Vázquez), con los que se amparó en la ley de caducidad a los casos de violaciones a los derechos humanos.

 

También en el Parlamento, la mayoritaria bancada del Frente Amplio que a principios de año no había podido aprobar una ley para eliminar la caducidad terminó aprobando, el 27 de octubre, una ley por la que se le devolvió al Estado su pretensión punitiva y se habilitó al Poder Judicial a actuar en todas las causas sin que rija la prescripción de los delitos, prevista para el pasado primero de noviembre, casualmente, el día del cumpleaños de Macarena Gelman.

 

OFENSIVA EN RETIRADA

 

El fallo de la Corte Interamericana logrado por los Gelman también causó un serio perjuicio a la ‘ofensiva psicopolítica’ que había planificado para este año un grupo de militares retirados que, bajo el nombre de Foro Libertad y Concordia, salieron públicamente a defender a los criminales de lesa humanidad ya procesados por la justicia, y a presionar a los oficiales en actividad en contra del gobierno de Mujica.

 

El grupo de retirados, que en su mayoría actuaron en la represión durante los años de la dictadura y ahora son pasibles de ser indagados por la justicia penal, logró que algunos generales mostraran su solidaridad con otros oficiales presos, pero fracasó en su propósito de evitar que el coronel Tranquilino Machado, en particular, fuera encarcelado en junio último por el homicidio del estudiante Ramón Peré en 1973.

 

Los ‘indagables’ como los denominó Caras y Caretas del Foro Libertad y Concordia terminaron disolviéndose en la medida que se sucedían las denuncias que los relacionaban con grupos nazis y de ultraderecha internacionales, que algunos de sus miembros amenazaban a la prensa que los investigaba, y luego que los mandos militares comenzaron a distanciarse ante el impostergable cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana por parte del gobierno.

 

Incluso el flamante comandante, general Pedro Aguerre, anunció una “inflexión” en la posición histórica de los mandos militares cuando, ante la aparición de los restos de Julio Castro, dijo públicamente que el Ejército no era “una horda, malón o algo similar” y que “no aceptará, tolerará o encubrirá a homicidas o delincuentes entre sus fuerzas”. Dijo que se respetaría los convenios suscritos por el país y revocó el “pacto de silencio”. Una orden que todavía no se ha cumplido.

 

 

LOS GELMAN

 

Marcelo Gelman y María Claudia García habían sido secuestrados el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires y trasladados al ‘pozo’ Automotores Orletti, donde también estuvieron varios uruguayos que el 5 de octubre fueron devueltos a Montevideo y desaparecidos.

 

Aquel 13 de octubre, Marcelo fue ejecutado y su cuerpo arrojado al río Luján en un tonel. María Claudia también fue llevada a Montevideo (se presume que el 17 de octubre) y permaneció en el SID hasta dar a luz a Macarena el primero de noviembre en el Hospital Militar. El 14 de enero de 1977 la niña fue entregada a la familia de un policía uruguayo, quien la inscribió como propia.

 

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo de Marcelo Gelman, que fue enterrado el 6 de enero de 1989 en el cementerio de La Tablada. En febrero de 2000, el poeta Juan Gelman editó una carta pública al presidente Sanguinetti en la que reclama la aparición de su nieto o nieta. Sanguinetti negó que hubiera niños desaparecidos. En el año 2000, el presidente Jorge Batlle anunció el hallazgo de Macarena y el 9 de agosto creó la Comisión para la Paz. El 19 de junio de 2002, Juan Gelman hizo denuncia penal en Uruguay. El juez Gustavo Mirabal comenzó a tomar testimonios el 12 de febrero de 2003. Ese 10 de abril la Comisión para la Paz confirmó la desaparición de María Claudia pero no su paradero. El 28 de noviembre, Batlle amparó el caso en la Ley de Caducidad. El 4 de setiembre el fiscal Enrique Möller pidió el archivo de la causa que ante la negativa de Mirabal fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia.

 

El primero de marzo de 2005, Tabaré Vázquez afirmó que el caso Gelman no estaba amparado en la ley de caducidad. El 29 de mayo fue ubicada la Base Valparaíso, donde habría estado María Claudia antes de su homicidio y el 10 de junio se pidió la reapertura judicial. El 23 de junio Vázquez permitió continuar la indagatoria, pero el fiscal Möller consideró que era “cosa juzgada”. El 8 de agosto, el Ejército entregó su informe sobre personas desaparecidas y ubicó un lugar donde estarían los restos de María Claudia. La propia Macarena concurrió al lugar, ubicado en el Batallón 14. La información era falsa. El 19 de octubre, un tribunal de apelaciones dio razón a la fiscalía y archivó el caso.

 

El 8 de mayo de 2006, Macarena y Juan realizaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de febrero de 2008, Macarena volvió a abrir su causa judicial con el juez Pedro Salazar, quien ordenó realizar excavaciones para hallar a María Claudia. El 21 de enero de 2009, la Corte Interamericana recibió la denuncia del caso Gelman y terminó pronunciándose contra el Estado uruguayo el 24 de febrero de 2011.

 

El 31 de junio, Mujica revocó los fallos presidenciales que ampararon casos en la impunidad. El 27 de octubre, el Parlamento aprobó una ley que eliminó la caducidad.

 

El 21 de octubre se habían encontrado en el Batallón 14 los restos de un hombre, que el 1° de diciembre se confirmaron como los del maestro y periodista Julio Castro.

 

Del archivo (tomado de "La República")

Juan Gelman. Con matices, la emprendió contra Vázquez, Breccia, Huidobro, Batlle y el diario El País

En Uruguay "se impide la verdad"

El poeta Juan Gelman sostuvo que Tabaré Vázquez fue "ingenuo" y "no hizo nada" para investigar el caso de María Claudia García. Dijo que Alberto Breccia y Fernández Huidobro llevan adelante una "campaña perversa" contra su caso. En Uruguay, asegura, "se impide la verdad".

Gelman . "En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré".
Gelman . "En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré".

Contundente y lacerante el poeta argentino Juan Gelman sentenció en un reportaje que concediera al diario Página/12 que cuando fue presidente, Tabaré Vázquez "no hizo nada" para que avanzara la investigación por la desaparición de su nuera, María Claudia García Iruretagoyena. También habló sobre el ex presidente Jorge Batlle, del secretario de la presidencia Alberto Breccia y del senador Eleuterio Fernández Huidobro.

Dijo que si el Estado uruguayo no atiende la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que seguramente sobrevendrá motivada fundamentalmente por el mantenimiento de la ley de Caducidad en el orden jurídico nacional, el país se colocaría en una "posición humillante" ante el mundo. En el reportaje, Gelman repasa los caminos que lo llevaron a él y a su nieta Macarena a presentar el caso en los estrados internacionales, una vez agotadas las instancias en Uruguay. Repudia a quienes sostienen que lo que la familia Gelman pretende con este juicio que inició contra el Estado uruguayo, es solamente dinero.

Precisamente, en un pasaje de la entrevista señala que "el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en una campaña perversa, dice que lo único que se trata es de dinero.

El primero que lo dijo fue Fernández Huidobro. De eso, se hizo eco el diario de derecha El País, por ahí también se habló de que queríamos humillar a Uruguay como si eso fuera el propósito. Son cosas de guerra sucia que los que se oponen ahora a la aprobación del proyecto de ley sufrieron en carne propia. Deben haber aprendido mucho. Breccia utiliza el argumento de que hubo dos consultas populares que no lograron la anulación de la Ley de Caducidad", sostiene, para recordar que "como planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana Santiago Cantón, hay temas que no son plebiscitarios porque son responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría plebiscitar si tiene que haber libertad de prensa o no, si tiene que haber pobreza o no o si tiene que haber justicia o no, son responsabilidades institucionales del Estado que se deben cumplir".

Gelman aclara una vez más que lo que se reclama es que la Corte Interamericana "conmine" a Uruguay a cumplir los tratados internacionales a los que el país adhirió de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada. Estos declaran que "no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad". Gelman destaca que el Estado uruguayo "ha adherido y ratificado esos pactos.

Pedimos lo que pedimos toda la vida, que se investigue a fondo la suerte de mi nuera y eventualmente que se encuentren los restos".

"Vázquez no hizo nada"

El poeta argentino aclara que en la demanda internacional a Uruguay se comprenderá a todas las instituciones del Estado. "No sólo como el Ejecutivo, sino como el Parlamento, la Justicia". Recuerda que el ex presidente Julio María Sanguinetti "sabía perfectamente quién tenía a mi nieta y se quejó porque según él yo le había dado solamente cuatro meses para averiguarlo". Relata que él había encontrado a su nieta Macarena "a fines de 1999 y a través de un intermediario nos pusimos en contacto con la señora que la crió". "El presidente Batlle (...) a fin de marzo (del año 2000) nos quiso ver inmediatamente porque alguien le había dicho que habíamos encontrado a mi nieta y él entonces hizo la investigación con un militar y quería hacer el anuncio público. Claro que Batlle lo hizo con un fin político".

Cuando llega el año 2005, Gelman reconoce que "hubo un cambio" cuando Tabaré Vázquez asumió la Presidencia y anunció que retiraba de la Ley de Caducidad el caso de su nuera (pero) "Vázquez no hizo nada para que la investigación continuara. Tabaré ordenó una excavación en la que se produjo una escena terrible.

En el Batallón 14, el comandante en jefe del Ejército, el general (Angel) Bertolotti, le dijo a mi nieta que en un círculo de un radio de cinco metros estaban, con un 99,9 por ciento de probabilidad, los restos de su madre.

No encontraron nada, el gobierno cesó las excavaciones. En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré que supuso que el Ejército, al cual ordenó la investigación, iba a denunciarse a sí mismo, cosa que no sucede en ninguna parte. Hay una suerte de tejido cívico militar que incluye a jueces, políticos, que impide el conocimiento de la verdad".

 

Del archivo (tomado de"EL ESPECTADOR".com.)

En tanto, el líder de la CAP - L Eleuterio Fernández Huidobro solicitará una entrevista al presidente José Mujica para conocer “de primera mano” la posición del mandatario sobre el tema.

El legislador aseguró que “muchas reclamaciones” sobre Derechos Humanos se “hicieron y se hacen, no con un fin de Justicia, sino por objetivos económicos”.

Caducidad: FA busca convencer a senadores discordantes

27.10.2010 | 

La senadora y primera dama, Lucía Topolansky, espera el miércoles 3 de noviembre para reunirse con Nin Novoa, Saravia y Fernández Huidobro que votarían contra proyecto interpretativo.
Caducidad: FA busca convencer a senadores discordantes


Topolansky sentenció que “si los votos no están, no están”, al señalar que queda mucho tiempo por delante en esta Legislatura y que “vida no se acaba con este proyecto de Ley”.

Señaló que hay unanimidad en el sistema político en que la Ley de Caducidad es mala y aceptó que sea opinable si este camino es acertado o no.

“Respeto a todos los compañeros, respeto todas las posiciones. Vamos a ver qué dice la fuerza política, yo soy una mujer de partido, y por libre elección, acato. Y si algún día no puedo acatar una resolución, me voy […] Pero son resoluciones personales, no se las impongo a nadie, cada uno en la vida tiene sus compromisos”, dijo Topolansky.

De todas formas, señaló que mantiene excelentes relaciones con familiares de desaparecidos y espera algún día “poder darles una respuesta”, ya que estas personas “tienen derecho a la Justicia como cualquiera.

Topolansky estimó que “estos hijos hace años que piden justicia., y también tienen sus derechos. Y el problema es que esta ley les impide ejercerlos, entonces es muy dura la realidad para el Uruguay. Desgraciadamente cuando estas cosas se discuten, se polarizan, se politizan, se transversalizan una cantidad de temas secundarios. Para mi no es ninguna discusión constitucional […] esto es una cuestión política, humana. Y ojalá estas personas tengan su respuesta antes de irse de este mundo”

En tanto, el líder de la CAP - L Eleuterio Fernández Huidobro solicitará una entrevista al presidente José Mujica para conocer “de primera mano” la posición del mandatario sobre el tema.

El legislador aseguró que “muchas reclamaciones” sobre Derechos Humanos se “hicieron y se hacen, no con un fin de Justicia, sino por objetivos económicos”.

A pesar que mantiene una posición contraria al proyecto interpretativo, la posición de Fernández Huidobro será definida el viernes por la Dirección de su sector.

Plebiscitar la interpretación : : A todo esto, el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini destacó los argumentos esgrimidos por el canciller Luis Almagro para la aprobación del proyecto interpretativo.

Esto en cuanto a que “el Estado uruguayo sigue violando los Derechos Humanos al no permitir que las víctimas del terrorismo de Estado accedan a la Justicia”, y señalando que, aunque los fallos de la CIDH no tengan poder coercitivo, “es imposible pensar que Uruguay pueda sustraerse a una eventual condena de ese organismo.

En clara respuesta a Nin y a Saravia, Michelini dijo que, si tanto interesa la voluntad del pueblo, se recojan firmas para plebiscitar la ley interpretativa.

“La Corte convocaría al 25% por ciento de los ciudadanos para saber si están de acuerdo. Allí no es obligatorio [...] Y si se llega a ese porcentaje la Corte convocaría por sí o por no para que el pueblo uruguayo determine si esta ley se mantiene”, sentenció.

“Palmariamente inconstitucional” : : En el marco de una jornada sobre “Memoria Histórica de Amnistía”, organizada por la UDE, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak reseñó la “compleja labor jurídica” que tuvo que “acometer respecto de una ley tan complicada”.
 
Agregó que es una ley “de transición de dictadura a democracia, que permitió en su momento el cambio en paz y ayudó a disfrutar la democracia que hoy tenemos”, y que había sido declarada constitucional por la suprema corte en 1988, por tres votos contra dos.
 
Tras una extensa presentación, donde abordó los distintos puntos considerados oportunamente respecto de las consultas populares, y la adecuación a las normas jurídicas internacionales, Chediak mencionó los pactos y convenciones suscritos por Uruguay y la jurisprudencia del tribunal internacional,  y culminó su exposición recordando la votación unánime de Octubre de 2009
 
 “Por unanimidad hace un año y días la SCJ declaró para el caso concreto […] se entendió que la ley de Caducidad es palmariamente inconstitucional”, explicó Chediak.

Tomado del resumen de 

Noticias Uruguayas

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